«Hemos salvado el match-ball», describió ayer el alcalde de Lizarra, Koldo Leoz, al informar de que el Consejo de Nafarroa dejaba sin efectos los convenios y anexos del proyecto de Oncineda que firmaron sus antecesoras, Begoña Ganuza (UPN) y María José Fernández (PSN) y que ponía en riesgo la viabilidad del Ayuntamiento, ya que se enfrentaba a la posibilidad de indemnizaciones de hasta 16 millones de euros, una cifra inasumible para el Consistorio

«La ciudadanía no tendrá que pagar la mala gestión de las alcaldías precedentes. Hemos librado a nuestra ciudad de una gran amenaza», añadió Leoz, que compareció junto a su equipo de gobierno.

Ganuza y Fernández firmaron una serie de convenios y anexos que beneficiaban a constructores privados frente al Ayuntamiento. Las indemnizaciones que recogían estaban fuera del mercado y ponían en cuestión la viabilidad municipal. Luchar contra esta losa ha sido el principal caballo de batalla del equipo de gobierno liderado por Leoz (EH Bildu), que ayer mostraba su satisfacción pese a ser consciente de que esta cuestión tiene flecos importantes que habrá que seguir combatiendo. Así, hay dos constructoras que han recurrido ya a la vía judicial para cobrar sus indemnizaciones.

Leoz agradeció el apoyo recibido por la consejera de Presidencia, María José Beaumont, y la lehendakari Uxue Barkos, así como de los grupos del cuatripartito, «que pidieron el informe de la Cámara de Comptos que dejó en evidencia la mala gestión de UPN».

Asimismo, recordó que el dictamen del Consejo de Nafarroa ha sido posible por la iniciativa de un vecino.

Frente a ello, denunció que UPN y PSN optaron por arropar a sus exalcaldesas tanto en el Ayuntamiento como en el Parlamento y recordó que cuestionaron la labor de la consejería Biderka, cuyo labor ha sido fundamental para llegar a este punto, según Leoz.

Unanimidad

El acuerdo del Consejo de Nafarroa ha sido adoptado por unanimidad por sus cinco miembros, de los que dos fueron nombrados por UPN, dos por PSN y el quinto por Geroa Bai. El dictamen es definitivo y no puede ser recurrido. El siguiente paso es que el Pleno de Lizarra lo ratifique, lo que se hará en el próximo mes de junio.

Leoz subrayó que el dictamen del Consejo de Nafarroa es categórico y desautoriza la gestión de Ganuza y Fernández señalando que «incurrieron en flagrante incumplimiento del procedimiento» y que «con la firma de los anexos se ha cedido al interés privado y no se ha salvaguardado el principio de equidad, ni el interés general y tampoco se ha observado el principio de buena administración». Junto a ello, destaca que el actual equipo de gobierno ha actuado de buena fe.

En este sentido, el Consejo de Nafarroa señala que se mantuvo «lo pactado pese a la anulación de la modificación anterior del Plan Municipal que servía de cobertura a los convenios expropiatorios» y destaca que el Ayuntamiento fijó en 108 euros por metro cuadrado la cuantía de la indemnización «con apoyo en una valoración que presentó el propio interesado, y sin que conste tampoco justificación técnica alguna municipal» y que, además, esta elevado valoración se iba a aplicar al conjunto de parcelas eventualmente afectadas.

Además, el dictamen subraya que ni Ganuza ni Fernández tenían competencia para firmar los anexos que rubricaron.

Por ello, Leoz añadió que pedirán responsabilidades políticas y de otro tipo a las dos exalcaldesas de UPN y PSN.