Iñaki Egaña
Historiador
GAURKOA

La deuda con «Egin»

Baltasar Garzón cerró “Egin”, ilegalmente y endosó su deuda contraída con la Seguridad Social al diario GARA. Si eso lo hizo el (ex) magistrado aparentemente más progre de la judicatura, ¿cómo será el resto? La imputación de las deudas a la Seguridad Social tuvo un endeble argumento, el de la continuidad ideológica. ¿Alguien con dos dedos de frente me puede demostrar que un proyecto comunicativo de 1977 tiene los mismos mimbres que otro de 1999? ¿Dónde están las pruebas?

Porque habría que recordar que en el inicio el proyecto “Egin” tuvo impulsándolo a gentes del PNV (hasta que se desligó y montó apresuradamente su competencia a la que llamó “Deia”), también de Euskadiko Ezkerra, también de EMK, de KAS, de ESEI… Que entre sus valedores en los primeros años de existencia se encontraban pelajes como el del filósofo ultra Fernando Savater, el actor vasco-panameño Imanol Arias o el actual director de ETB Eduardo Barinaga. ¿Habrá que cargarles a ellos también la deuda de “Egin”, comprobada su solvencia económica?

¿El escenario político de 1977 era el de 1999? ¿O resultaba que en 1999 el neofranquismo ya había realizado su conversión generacional? ¿O los aliados en 1998 para cerrar un periódico y condicionar otro eran más sólidos que en 1977, cuando con las bombas (“Papus”, “Egin”, “Punto y Hora”, “El País”…) acortaban el camino? Me decanto por esta última.

El verdadero discurso del cierre de “Egin” y las imputaciones paralelas, se encuentran numeradas en la pieza Egin del proceso 18/98. Las razones esgrimidas por el fiscal para criminalizar al proyecto comunicativo servirían, hoy en día y por similitud, para cerrar la mayoría de medios de comunicación españoles, con argumentos más sólidos por cierto que los que utilizó el fiscal en 1998.

La vinculación de “Egin” con ETA, según el fiscal, se demostraba por la línea editorial del diario, asentada en bases como las siguientes. Ajústense los cinturones porque no invento una sola letra: crítica sistemática a la corrupción, denuncia de casos de tortura, a favor del ejercicio del derecho de autodeterminación, a favor del acercamiento de los presos vascos, actitud favorable a los valores vascos, en particular a su lengua, actitud a favor de la construcción vasca, postura contraria a la Constitución española, Estatuto de Autonomía y Amejoramiento Foral… Cuestiones democráticas todas ellas, pero para el filtro judicial español incriminatorias.

Estas razones hacen saltar por los aires cualquier otra especulación sobre el cierre de “Egin” y el tratamiento de la imputación de su deuda a GARA. Ambos proyectos se salían y se salen de la línea de compadreo entre medios y Estado. No hay razones técnicas, jurídicas, sino exclusivamente políticas. Las mismas que llevaron a que el franquismo se cargara a la mayoría de medios en 1937.

El Estado, los tres grupos políticos que se sucedieron en el Gobierno español en los casi 22 años de andadura del proyecto, tienen una gran y grave deuda con “Egin”, de mayor magnitud que esa económica imputada a GARA. Una deuda cuya devolución y reconocimiento vendría a mejorar la escasa calidad democrática que respiramos.

El primer secuestro de “Egin” se produjo por reproducir un fragmento del llamado “Libro rojo del cole”. Ya en la década de 1980, con Estatuto, Constitución y elecciones «libres» de por medio. Nada que ver con ETA ni siquiera con su entorno, el de «kaseta». Poco después llegó el segundo secuestro, esta vez por meter una duda sobre la muerte de dos militantes vascos ametrallados en la autopista Bilbo-Behobia. Llegaron otros.

Las instalaciones de “Egin” sufrieron 14 atentados reivindicados por grupos paramilitares. Que recuerde, no hubo detenciones, ni imputaciones por la paternidad ideológica de los mismos, a pesar de que las pruebas eran notorias. Ya en mayo de 1983, el ministerio del Interior realizó un informe para cerrar “Egin” (José Barrionuevo titular). Pospuso el cierre ante otro tipo de ofensivas políticas: deportaciones, entregas más torturas y GAL.

El primer atentado contra “Egin” tuvo lugar, con explosivo, contra su delegación en Iruñea, en 1979. El último también contra la misma delegación, en 1996, ahondando en la idea de Nafarroa como razón prioritaria de Estado y laboratorio represivo. Trabajadores de “Egin” sufrieron también ataques contra su persona: Pepe Rei, Gorka López, Idoia Núñez, Ramón Uranga… Sobrevivieron.

Otros, en cambio, como Xabier Galdeano, Ángel Etxaniz o Josu Muguruza murieron bajo las balas de mercenarios que compartían los mismos objetivos ideológicos que los grupos políticos constitucionalistas españoles (¿continuidad ideológica?). Deberían estar entre esos atentados sin esclarecer que tanto airean alguna asociación de víctimas. Pero no lo están.

La deuda con “Egin” adquirió una dimensión gigantesca con el cierre en marcha desde 1983 y coronado en julio de 1998. Más de dos centenares de trabajadores a la calle y en 2001 la imputación y cárcel para la mayoría de sus cuadros: José Luis Elkoro, Patxo Murga, Isidro Murga, Pablo Gorostiaga, Jesús Mari Zalakain, Carlos Trenor, Xabier Salutregi, Teresa Toda, Manuel Intxauspe, Xabier Alegría, Maite Mendiburu, Iñaki Zapiain, Xabi Otero, Josean Etxeberria, José Ramón Aranguren, Manu Aranburu y Ramón Uranga.

El resto lo conocen por la cercanía. Cárcel a pesar del cierre ilegal. Josean Etxeberria, imputado en la causa Egin/Orain, fue el último en salir de prisión, el pasado año.

¿Quién se va a hacer cargo de esta tremenda deuda? ¿Quién va a responder por los atentados contra “Egin”, algunos con resultado de muerte? ¿Quién va a asumir el coste humano del cierre? Y si hubo un boicot institucional, que lo hubo según el Tribunal Supremo, que originó el impago a la Seguridad Social y unos salarios míseros a los trabajadores, ¿por qué imputar la deuda a GARA y no a los responsables políticos de entonces que se jactaban en público de tener testículos rojigualdos o tricolores para pasarse por el arco del triunfo su propia legalidad?