El presidente del PP en Araba, Iñaki Oyarzábal, pidió ayer un cambio en el sistema de ayudas sociales para evitar un supuesto fraude que él mismo no pudo cuantificar.

Preguntado sobre los datos que maneja su partido, Oyarzábal se limitó a indicar que «hace tres años se cuantificó en 150 millones de euros el dinero que el Gobierno Vasco tenía que devolver por pago indebidos».

En realidad eran 128 millones de euros y Lanbide dejó claro que la mayor parte no estaba relacionado con casos de fraude. Se debía, en casi todos los casos, a costes derivados de una modificación de las condiciones originales del acuerdo de prestación.

Sin embargo, Oyarzábal volvió a vincular ayer, al igual que hizo hace cuatro años el exalcalde de Gasteiz, Javier Maroto, el fraude en las ayudas sociales con la inmigración. Incluso llegó a distinguir entre «la gente de aquí», que según él no puede acceder a las prestaciones sociales por las «trabas» existentes, y extranjeros.

Para estos últimos, propuso un nuevo modelo que vincule el cobro de la RGI u otro tipo de ayudas sociales a la formación. «Solidaridad sí, cuidar al que llega sí, pero que vengan a trabajar», manifestó el político del PP, que considera que en Gasteiz «se da un efecto llamada que es pernicioso».

Cabe señalar que Oyarzábal se presenta a las Juntas Generales de Araba, una institución que carece de competencias para cambiar la RGI, sistema que or otra parte contó con el visto bueno de su partido en el Parlamento de Gasteiz.