Iker BIZKARGUENAGA
PELIGROSO HERBICIDA

El glifosato sigue en el punto de mira pese al plácet europeo

A pesar de las numerosas expresiones de protesta, entre ellas la recogida de un millón de firmas, hace poco más de un año la UE prorrogó el permiso para usar glifosato hasta 2022. Sin embargo, el herbicida sigue estando bajo la lupa de colectivos ecologistas, instituciones y tribunales, también de la Eurocámara, que ha pedido una revisión de los estudios disponibles sobre sus posibles riesgos.

El tribunal administrativo de Lyon decidió hace dos meses anular la autorización para comercializar el Roundup Pro 360, un herbicida fabricado por Monsanto, la filial norteamericana de Bayer. Los jueces argumentaron que este producto, basado en el glifosato, debe ser considerado una sustancia potencialmente cancerígena y, por tanto, peligrosa para el ser humano, valorando asimismo que la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de la Alimentación, del Medio Ambiente y del Trabajo (ANSES) «cometió un error de apreciación en cuanto al principio de precaución», al autorizar su uso en marzo de 2017.

Este fallo, fechado el 15 de enero y que tenía efecto inmediato, ha devuelto a la actualidad un producto polémico y cuyo veto vienen reclamando desde hace años tanto grupos ecologistas y de consumidores, e incluso algunos ejecutivos europeos. De hecho, fue muy controvertida la decisión adoptada por la Unión Europea en noviembre de 2017 de renovar la la licencia del glifosato, que expiraba a finales de ese año, por cinco años más, hasta diciembre de 2022. El acuerdo, cuya aprobación necesitaba una mayoría cualificada, salió adelante con el voto favorable de 18 estados miembros –entre ellos, Alemania, Gran Bretaña y el Estado español–, tras un intenso debate e importantes protestas ciudadanas. Nueve estados votaron en contra, incluido el francés, el más beligerante frente a este herbicida. De hecho, Emmanuel Macron se comprometió a prohibirlo antes de 2022. Ahora está por ver qué efectos tendrá la decisión del tribunal lionés. De momento, la agencia gala de seguridad sanitaria ha confirmado que como consecuencia del fallo la venta, distribución y utilización del herbicida están prohibidas, y ha anunciado que examinará detenidamente la sentencia, sin decir todavía si apelará la decisión o no. «Es una decisión muy importante porque afecta a todos los Roundup, pues el tribunal considera que todos los productos que contienen glifosato son probablemente cancerígenos», se congratuló Corinne Lepage, abogada del Comité de Investigación sobre Ingeniería Genética . Y es que el Roundup Pro 360, que se utiliza sobre todo en los viñedos y en menor medida en grandes cultivos, sólo representa un 2% de las ventas de glifosato con la marca Roundup en el Estado francés.

En este sentido, el colectivo Générations Futures ha solicitado a la agencia que tenga en cuenta «el potencial carcinogénico de todas las formulaciones a base de glifosato que está reevaluando». A fines de noviembre, la ANSES declaró que 69 productos que contenían glifosato estaban sujetos a una solicitud de autorización de comercialización francesa, incluidas 58 solicitudes de renovación.

En parecidos términos se ha pronunciado desde el Grupo Verde europeo, que presentó una demanda en 2018 contra las autorizaciones de comercialización de todos los productos que contienen glifosato, exigiendo una revisión urgente por parte de la agencia de seguridad alimentaria respecto a la peligrosidad de esta sustancia. A su juicio, esta decisión debería propiciar la salida del mercado del glisofato de forma inmediata, sin esperar a que concluya el plazo marcado por Macron.

En el otro extremo, Bayer, que compró en 2018 a su competidor estadounidense Monsanto, se declaró «sorprendido» ante esta decisión, y arguyó que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria había llegado en 2015 a la conclusión de que la clasificación como «probable cancerígeno» del glifosato no estaba justificada. Anunció además que «estudia acciones jurídicas» para revertir el fallo.

Petición del Parlamento Europeo

Sin embargo, la procedente de Lyon no ha sido la única mala noticia recibida por el gigante de la industria química y farmacéutica en las últimas semanas, pues el día siguiente, 16 de enero, el pleno del Parlamento Europeo pidió una revisión sistemática de todos los estudios disponibles sobre el riesgo carcinógeno del glifosato, entre una serie de medidas destinadas a reforzar la credibilidad del sistema de aprobación de pesticidas en la UE.

La resolución parlamentaria recibió 526 votos a favor, 66 en contra y 72 abstenciones. Los eurodiputados también reclamaron que se ponga fin, «sin demora ni excepción», al uso de plaguicidas en grandes extensiones próximas a escuelas, guarderías, parques, hospitales, clínicas de maternidad y residencias. Asimismo, defendieron un sistema de vigilancia posterior a la comercialización para evaluar los efectos de los productos fitosanitarios en la salud humana y animal y el medio ambiente, también a largo plazo.

Igualmente, la Eurocámara exigió a la Comisión Europea un estudio epidemiológico para medir el impacto de los pesticidas en la salud humana y abogó por fijar límites máximos de residuos para los suelos y las aguas superficiales. El texto, casi una enmienda a la decisión adoptada en 2017, llama a garantizar el acceso público a los estudios utilizados en el proceso de autorización, así como a todos los datos e información de apoyo referentes a las solicitudes de autorización. Del mismo modo, el Parlamento pretende que los solicitantes estén obligados a incluir todos los estudios reglamentarios que vayan a realizarse en un registro público y que se prevea un plazo para presentar observaciones durante el cual las partes puedan facilitar «los datos existentes con el fin de garantizar que se tenga en cuenta toda la información pertinente».

El texto insiste en la importancia de la transparencia y la asunción de responsabilidades cuando la autorización se aprueba en el marco del proceso de «comitología», reuniones en las que participan representantes de los estados miembros de la UE y de la Comisión. Según la Eurocámara, tanto la Comisión como los países deben publicar actas detalladas de las reuniones y hacer público el sentido de su voto en esos encuentros.

De esta forma, nueve años después de la adopción del reglamento europeo sobre la comercialización de productos fitosanitarios y tras la controversia generada por la renovación de la autorización del glifosato hace poco más de un año, el Parlamento Europeo decidió en febrero de 2018 poner en marcha una comisión especial sobre el proceso de autorización, cuyas recomendaciones fueron aprobadas en el Pleno de mediados de enero.

Y partiendo de esta iniciativa en la Eurocámara, que no era vinculante, el 12 de febrero las instituciones de la UE lograron un acuerdo firme para aumentar la transparencia en los procedimientos para autorizar el glifosato, permitiendo a los ciudadanos el acceso a estudios científicos relacionados con su toxicidad que sean presentados por la industria.

Advertencia de la OMS

Millones de hectáreas de tierras de cultivo, parques y hasta aceras son rociadas con glifosato cada año en todo el mundo. Cuando se usa en agricultura, este compuesto penetra en el suelo, se filtra en el agua y sus residuos permanecen en los cultivos: está, por tanto, en lo que comemos, en el agua que bebemos y en nuestros cuerpos, algo que llevan tiempo denunciando diversos grupos ecologistas, como Greenpeace, que en su página web recuerda que en 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó está sustancia como «probablemente cancerígena para los seres humanos», basándose en una fuerte evidencia de que es cancerígeno para los animales. También se cree que actúa como un disruptor endocrino y que afecta a la reproducción.

Entre los principales grupos de riesgo y más vulnerables se encuentran las personas que se dedican a la agricultura, sus familias, fetos, bebés y los menores de edad. Para aquellas personas que no se hallan en esos grupos, la alimentación es la principal vía de exposición a los plaguicidas y por tanto al glifosato.

Además de en nuestra salud, el uso de glifosato tiene graves impactos en el medio ambiente, puesto que contamina los suelos y el agua y afecta a otros seres vivos (organismos acuáticos desde algas microscópicas hasta peces y moluscos, pasando también por las ranas y sus renacuajos, y organismos del suelo, como las lombrices de tierra, fundamentales para mantener e incrementar la fertilidad del suelo). Del mismo modo, el uso del controvertido herbicida también reduce la diversidad y cantidad de especies vegetales y por ello puede afectar a seres vivos cruciales para la agricultura, como son los polinizadores.

Antes de que se produjera ese visto bueno, la Iniciativa Ciudadana Europea Stop Glisofatos había logrado sumar más de un millón de firmas en un periodo récord de cinco meses para instar a las instituciones comunitarias a que prohibieran el glifosato, y en el Estado español más de 150 organismos y entidades suscribieron una carta abierta al Gobierno español pidiendo que se sumara al veto. Sin embargo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy votó a favor de prorrogar su comercialización.

En cualquier caso, la preocupación por el uso del glisofato no se limita a Europa. El pasado día 9, varias organizaciones de derechos humanos pidieron al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que su país deje de fumigar desde el aire sobre Gaza y sus alrededores «por el gran daño que ello causa en los cultivos y el riesgo para la salud de los residentes». Estos grupos citan en su petición una decisión del Tribunal Supremo israelí de 2007 en contra de la fumigación aérea sobre unas villas de beduinos en el desierto del Néguev, en la que la corte declaró esta acción «ilegal por los riesgos que representaba para la salud de la gente, animales y vegetación en la zona», y recogen un informe del Ministerio de Defensa israelí que revela que uno de los productos usados en las fumigaciones es el glifosato, que como recuerdan, literalmente, «ha sido declarado cancerígeno por la OMS y prohibido en muchos países del mundo».