La aprobación esta semana en el Parlamento Europeo de la nueva directiva del copyright tendrá profundas repercusiones en la creación y difusión de la cultura en internet, así como en los desequilibrios de poder en la red y fuera de ella. Algunos de sus artículos, especialmente el 11 y el 13, obligará a filtrados algorítmicos que conllevarán censura sin control y la limitación de partes relevantes del conocimiento en base a criterios arbitrarios. Partiendo de la necesidad real de adaptar las leyes a la era digital para garantizar derechos y libertades, la nueva norma termina por abrir la puerta a formas más sofisticadas de vigilancia y censura, sin que parezca que puedan solucionar ninguno de los problemas que dice querer combatir.

Prueba de ello es la voluntaria ambigüedad con la que se ha redactado la polémica ley, que ahora deberá desarrollarse en las legislaciones de los diferentes países. Es evidente que esa ambigüedad juega en favor de las empresas más poderosas, que pueden presionar y litigar sin límites, mientras que penaliza a la parte más débil de la cadena de producción cultural.

Como en muchos otros debates de este momento histórico del capitalismo, la escala es precisamente otra de las fallas importantes de esta ley. Esa escala tiene relación con la dimensión y el poder. La norma no establece diferencias claras entre grandes y pequeñas empresas, entre gigantes tecnológicos y desarrolladores comunitarios, entre artistas comerciales internacionales y creadores de culturas minorizadas o no profesionales.

En una maniobra inteligente, la directiva excluiría a proyectos como Wikipedia de cumplir con esta norma. Pero lo cierto es que nuevos proyectos con la misma filosofía y capacidad de la Enciclopedia Libre serán mucho más difíciles de desarrollar a partir de ahora, si no imposibles. Eso ha provocado que la propia Fundación Wikimedia, a pesar de no verse afectada en principio, se haya opuesto a varios puntos de la directiva.

Falsas virtudes y argumentos falaces

No es que no haya argumentos favorables a la regulación de los derechos de autor en internet, simplemente es que esta directiva no va a garantizar un mejor reparto de los beneficios que genera la cultura ni va a facilitar que se mejoren las condiciones de vida de la inmensa mayoría de quienes la crean. Para empezar, porque muchos de los organismos de este ámbito que justifican esta ley no son sindicatos de creadores en defensa de sus derechos, sino corporaciones corruptas de rentistas que favorecen intereses particulares. La SGAE española es un caso extremo, pero no excepcional.

Evidentemente, tampoco se trata de que el periodismo independiente y de calidad no necesite protección y políticas públicas de apoyo –GARA defiende abiertamente la apertura de un debate serio en el sector y con las instituciones para desarrollar esas políticas–, sino que esta directiva no va a promover esa clase de periodismo, sino una concentración aún mayor de poder y recursos en manos de las grandes empresas tecnológicas. Los grandes medios de comunicación que han apoyado esta directiva son los mismos que entregaron su alma y el trabajo de sus profesionales a empresas como Facebook, que finalmente los han laminado y les han robado el valor añadido, el negocio e incluso la misión social que podían tener. El resultado es un empobrecimiento del debate público y de la cultura general.

Oposición, alternativas y debate

Los organismos y personas que defienden la regulación pero se oponen a esta ley han planteado que en gran medida es intentar ponerle puertas al campo. En todo caso, los efectos perversos de esta normativa van a afectar mucho más a los creadores y a la libertad de los usuarios que a las grandes corporaciones o a posibles redes criminales. Pensar lo contrario es engañarse a uno mismo o querer engañar al resto.

Llegados a este punto, es necesaria una combinación de estrategias para hacer frente a los riesgos que implica. Condicionar las legislaciones que la desarrollen es una parte de ello. También la vigilancia y la denuncia de las prácticas de los gigantes tecnológicos.

En clave constructiva, existen alternativas y desarrollos que promueven una cultura digital diferente, libre y cooperativa. En Euskal Herria hay experiencias interesantes al respecto. Sin embargo, este debate se ha limitado a círculos de personas muy implicadas. Es importante que estos temas alcancen la agenda pública.