La nueva Ley de Cooperativas logró ayer el apoyo mayoritario de la Cámara de Gasteiz. Solamente Elkarrekin Podemos se desmarcó, absteniéndose en algunos artículos y votando en contra de otros. Un amplio consenso para actualizar una norma de más de veinte años de antigüedad. Entre las novedades aprobadas destaca que la ley precisa cuál será la responsabilidad patrimonial de los socios en el caso de que la cooperativa tenga pérdidas. Aumenta también el límite de empleados no cooperativistas, que podrá alcanzar hasta el 30%. La norma, asimismo, abre la puerta a una mayor autorregulación de las propias cooperativas y establece que los consejos rectores sean paritarios. Clarificar el marco, incrementar la autonomía y avanzar en la igualdad beneficia el desarrollo armónico de estas sociedades laborales. Por contra, el aumento del porcentaje de trabajadores eventuales profundiza la desigualdad en el seno de unas entidades basadas precisamente en valores como el apoyo mutuo y la solidaridad.

La tramitación de la ley ha estado marcada por la presión ejercida por Confebask para evitar que el cooperativismo tuviera representación en Lanbide. PNV, PSE y PP se plegaron a las demandas de la patronal y esa reivindicación del movimiento cooperativo vasco ha quedado, de momento, aparcada. El lobby empresarial reunido alrededor de Confebask defiende con celo el monopolio de la representación empresarial que ostentan en la actualidad, aunque el cooperativismo reúna en su seno ya a más de 60.000 trabajadoras y trabajadores vascos.

Esta ley mejora y clarifica la norma existente lo que repercutirá positivamente en el desarrollo futuro del cooperativismo. Sin embargo, queda la impresión de que profundiza en los aspectos empresariales, dejando en segundo plano un principio que se reformuló en el último congreso de la Alianza Cooperativa Internacional: su vinculación activa con la comunidad que la rodea.