Si se atiende a la reacción desaforada de los líderes del PNV por la sentencia del «caso De Miguel», parecería que este escándalo de corrupción política puede hacerles daño. O que al menos ellos creen que sí. El nerviosismo que han mostrado esta vez en público resulta algo novedoso. Puede que hayan hecho un cálculo extraño según el cual les convenga contraatacar con estridencia, con mensajes contradictorios, pidiendo perdón pero negando responsabilidades, echando la culpa a sus predecesores, negando lo evidente y, finalmente, recurriendo a lo que popularmente se conoce como «encender el ventilador».

Tampoco ayuda ese tono de soberbia, de disgusto no por la trama corrupta, sino por tener que dar explicaciones. El PNV lleva mal la transparencia. Desde luego, el tono utilizado no ayuda a la credibilidad de sus portavoces. Tampoco que tengan mandíbula de cristal, siendo ellos expertos en astracanadas, y sistemáticos en la falta de respeto al adversario.

La mayoría de analistas, no obstante, duda de que este escándalo les traiga coste en votos. Algunos defienden que la gente ya sabe cómo son cuando les vota o, simplemente, que prefieren hacer como que no lo saben. La denuncia y el desvelo, por sí solos, no parecen suficiente para que el daño que teme el PNV se produzca.

El lado oscuro de un sistema y su alternativa

Tal y como rememora hoy Iker Bizkarguenaga en un reportaje sobre el tema, la corrupción de la mano de cargos y representantes del PNV es mucho menos exótica de lo que ellos quieren transmitir y de lo que muchos de sus votantes creerían. Algunos se consolarán pensando que, con semejante nivel de poder durante tanto tiempo, era difícil evitar cierto grado de corrupción. «Esto no es Valencia, ni Madrid», se tranquilizarán, igual que hacen cuando salen los datos del desempleo, de pobreza, de desigualdad o de resultados académicos. Es la doctrina del Gobierno de Urkullu: basta con mirar a España para sentirse reconfortado. Otros pensarán que, en el fondo, estos casos solo son la punta del iceberg.

De todos modos, el «caso De Miguel» no solo es uno más de una larga lista. Es la sentencia más dura por corrupción de los últimos tiempos en Euskal Herria. El hilo conductor de la trama es el PNV, instituciones en las que estaban al mando las personas elegidas por el partido y empresas que les daban servicios. Es el caso en el que un sistema que es irregular y bastante sucio ha derivado en graves delitos. Pero el problema es el sistema.

Que este clientelismo derivase en corrupción era cuestión de tiempo. Que en la institucionalización del país y en su desarrollo burocrático el clientelismo asociado al partido del gobierno ha sido una constante es un hecho difícil de contradecir.

Por ejemplo, los responsables de todo el entramado de agencias, fundaciones y empresas de servicios para lo público comparten genealogías que van en paralelo al PNV. El prototipo de «hombre de éxito del autonomismo vasco» ha sido precisamente eso, un hombre que comienza como concejal, pasa por diferentes cargos burocráticos de libre designación, tiene relación directa con las empresas que cabalgan junto a la administración, y en algún momento, a modo de premio por los servicios prestados, pasa a un cargo o responsabilidad en ese entramado que reproduce ese ciclo vital. Se crea así una cultura en la que las relaciones políticas y personales tienen un valor inaceptable desde un punto de vista democrático o incluso meritocrático. Todo ello, además, facilita el control de las estructuras de poder del país, dentro de un esquema de concertación general. Esto es eso que ahora fascina tanto en Madrid pero que sorprende cuando, como esta semana, queda desnudo ante las cámaras. Esto es el PNV.

Y este es hoy por hoy el socio del PSOE en todas las instituciones. También el que ha acordado el presupuesto con Podemos en Gasteiz y nombra consejeros en el Gobierno de Iruñea. El PNV tiene otras virtudes, pero no le faltan defectos. Haber desarrollado esta red clientelar general para el dominio de la vida institucional y empresarial vasca es seguramente el mayor de ellos. Porque empobrece al país, porque distorsiona algunas de sus capacidades y anula otras. Por eso es difícil llegar a acuerdos con ellos si no se habla el mismo lenguaje político, si no se quiere entrar simplemente al reparto y se quiere cambiar el sistema.

La denuncia de un escándalo como el «caso De Miguel» es obligada. La reacción del PNV es preocupante. La clave está en buscar alternativas, con o sin ellos.