La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, más conocida como Frontex, acaba de cumplir quince años. Diseñada en un principio como un instrumento para combatir el crimen en los bordes de la Unión Europea, paulatinamente se ha ido transformando en una agencia encargada de la custodia, militarización y cierre de las fronteras de la UE. Un desplazamiento de prioridades forzado por la creciente presión ejercida por la agenda securócrata. De esta forma, paralelamente a la persecución de actividades criminales como el tráfico de drogas o el contrabando, han ganado peso las actuaciones dedicadas a impedir el paso de migrantes por los límites administrativos de la UE. El giro ha sido especialmente notorio a partir de la crisis de los refugiados del año 2015.

Este desplazamiento de las prioridades de Frontex hacia el cierre de fronteras refuerza una asociación ampliamente explotada por las fuerzas de la extrema derecha que relaciona la migración con las actividades delictivas, convirtiendo de este modo a los migrantes en malhechores a los ojos de la ciudadanía. Pero todavía más grave es que el discurso de la seguridad se impone al de la igualdad, la acogida y el derecho a refugio, en definitiva a los derechos humanos que teóricamente son el fundamento de la construcción europea. En este contexto no es de extrañar que esa visión de Europa como una fortaleza haya impulsado la construcción de hasta catorce muros por toda la Unión Europea, más de 1.000 km, esto es, seis veces más que cuando existía el muro de Berlín.

Criminalizar a los migrantes y cerrar fronteras es otra política errónea más de las élites de la UE. Del mismo modo que el clima no entiende de límites y la emergencia climática no se detienen en los bordes, la seguridad no se puede garantizar construyendo una fortaleza cerrada. Solamente fomentado un entorno seguro, un mundo estable, se pueden reducir las amenazas a la seguridad. Algo que es inseparable de la justicia y los derechos humanos.