Un juez federal brasileño ordenó ayer el cierre provisional de todas las instalaciones, estadios y gimnasios que Río de Janeiro construyó para los Juegos Olímpicos que organizó en 2016 debido a que carecen de las respectivas licencias que garanticen su seguridad.

El juez Eugenio Rosa de Araújo, titular del 17º juzgado federal de Río, acató una petición del Ministerio Público para prohibir provisionalmente cualquier tipo de actividad en las instalaciones deportivas hasta que la alcaldía regularice su situación.

La medida se extiende a las siete instalaciones agrupadas en el Parque Olímpico de Barra de Tijuca, que incluye el Velódromo, el Parque Acuático, la Arena Olímpica de Río y el Centro Olímpico de Tenis, y a las nueve del Parque Olímpico de Deodoro, donde se disputaron las competiciones de piragüismo slalom, hípica, tiro y BMX. La sentencia determinó un plazo de 48 horas para que la alcaldía adopte las medidas necesarias para garantizar el cierre.

El Ministerio Público demostró en el proceso que ninguna de las instalaciones cuenta con licencia de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro ni con la propia licencia de la alcaldía que garantiza que una construcción puede ser usada por el público.

La Procuraduría agregó en su denuncia que la llamada Autoridad de Gestión del Legado Olímpico (AGLO), un organismo federal responsable de la administración de las instalaciones, fue extinto en junio del año pasado y que desde entonces nadie se responsabiliza por las mismas.

El juez alegó en su decisión que, pese a tales condiciones, algunas de las instalaciones son usadas para competiciones deportivas y otras para eventos musicales y culturales que reciben a miles de personas, como el multitudinario festival Rock in Río. Una situación que «puede acabar en tragedias», afirmó el magistrado en su decisión.