«Subsidiario» fue el término más repetido para definir el rol de la Administración en el caso Zaldibar, en la comparecencia ayer en el Parlamento del lehendakari, Iñigo Urkullu, y cuatro consejeros. Doce días después de la catástrofe que mantiene sepultados a dos trabajadores, su alegación principal consistió en que era la empresa (Verter Recycling) quien vigilaba la estabilidad de la ladera, había presentado los informes correspondientes al respecto (el último apenas 17 días antes del fatal deslizamiento) y el Ejecutivo no tenía más función que dar acuse de recibo.

Lo que sonó como excusa en boca de Urkullu y el consejero de Medio Ambiente, Iñaki Arriola, encaja realmente en la normativa actual. Como insistieron en la sesión parlamentaria, es la empresa quien justifica ese extremo, sin más control por la administración que las lógicas inspecciones y en su caso sanciones (inexistentes en este caso). Pero aquí llega un matiz muy importante: no era así hasta 2000, que fue cuando el Ejecutivo de Lakua decidió relajar sus funciones de «tutela».

En concreto, la orden la firmó el consejero de Industria –y posteriormente presidente del EBB del PNV– Josu Jon Imaz, dentro del primer gobierno dirigido por Juan José Ibarretxe. La modificación se justificó dentro de un plan de fomento de la actividad industrial. Hoy, dos décadas después, Imaz no está en la actividad político-institucional, sino precisamente en el ámbito industrial: es consejero-delegado de Repsol.

«Mínima intervención»

El Plan Interinstitucional de Promoción Económica 2000-2003, aprobado por el Gobierno de Gasteiz en febrero de 2000, argumentó literalmente que el desarrollo empresarial necesitaba «la mínima intervención del Departamento de Industria, Comercio y Turismo en la puesta en marcha de instalaciones industriales».

«Durante muchos años ha sido necesario que la Administración tutele de forma directa la idoneidad de todas y cada una de las instalaciones de las que se pudiera derivar un riesgo para la salud o la integridad de personas y bienes. El marco actual –caracterizado por los avances tecnológicos, la existencia de normas técnicas para la fabricación de productos o la propia garantía derivada del mercado CE, unida a la cada vez mayor intervención de los agentes de base privada– es propicio para que el nivel de intervención de la Administración industrial no tenga la misma intensidad», exponía.

«La Administración deberá conciliar su condición de garante de la seguridad industrial con la máxima eficiencia y eficacia administrativa mediante un modelo de actuación que delimite derechos y obligaciones, exija que cada uno de los intervinientes asuma su cuota de responsabilidad e imponga medidas cautelares o sancionadoras cuando alguno de ellos incumpla con su obligación», continuaba el plan, en la misma línea. Y, por si no quedara claro, se subrayaba así: «Se hace necesario reducir trámites en las autorizaciones administrativas previas (examen de proyecto, puesta en servicio) para pasar a un sistema de control integral a través de auditorías y técnicas de muestreo ya en la fase de funcionamiento».

Ello se tradujo en una orden de 26 de diciembre de 2000, firmada por el consejero Imaz, que establecía «la simplificación del procedimiento para la puesta en funcionamiento de instalaciones industriales». Con ella, la Administración dejaba de ser quien «vela por la seguridad y calidad de la industria» de modo directo, quedando esta responsabilidad en manos de «titulares, redactores del proyecto, directores de obra, instaladores, entidades de inspección, empresas distribuidoras y/o comercializadoras».

Son ellos, se expresa, «los que tendrán que responder si la instalación se ajusta a los parámetros técnicos y de seguridad». Y este criterio es el que se quiere aplicar en la crisis de Zaldibar: aunque parezca una clara dejación de responsabilidades, según remarcó Arriola en diversos momentos de su intervención ayer, no era función de la Administración acreditar la seguridad de la ladera en que se instalaba el vertedero derrumbado, sino que esa circunstancia crucial para la seguridad quedaba en manos de Verter Recycling. Con los efectos trágicos consiguientes.

205 metros de desnivel

Verter Recycling fue autorizada como actividad industrial en 2002: casualmente, o no, fue creada poco después de la modificación normativa que facilitó este tipo de actividades «de las que se pudiera derivar un riesgo para la salud».

Obviamente, para la apertura del vertedero de Zaldibar la empresa tuvo que afrontar otros trámites añadidos a nivel medioambiental, como el Estudio de Impacto Ambiental (2004) y la posterior Autorización Ambiental (2007). La escombrera comenzaría a recibir residuos en 2011.

Como ya ha publicado GARA anteriormente, en esa Autorización quedaba claro que las condiciones geológicas de la zona son peculiares, con un desnivel de más de 200 metros entre la zona superior (cota 435) y la inferior (230). Se refieren «fuertes pendientes» y se establece la construcción de un dique de más de 230 metros de longitud y 100 de altura como «elemento de contención de la masa de residuos».

El contacto del 21 de enero

El consejero de Medio Ambiente aportó en la comparecencia de ayer un dato nuevo y un tanto extraño. Dijo que el 21 de enero pasado el Departamento tuvo un contacto con la empresa en la que esta presentó un informe elaborado por la geotécnica Geyser en el año 2018. El estudio no avalaba estrictamente la seguridad porque «no había conclusiones», matizó Iñaki Arriola. En cualquier caso, ese contacto refleja dos cosas: que el asunto de la estabilidad de la instalación estaba sobre la mesa y que era la empresa quien llevaba la voz cantante en su control.

«No había indicio alguno de que el vertedero presentara problemas de estabilidad», insistió el exalcalde de Eibar. El más contundente en la réplica fue el portavoz del PP, Alfonso Alonso, que consideró improcedente que el consejero diga tal cosa cuando la instalación se derrumbaría «dos semanas después». Avisó a Arriola de que el tema está muy lejos de cerrarse, porque en la siguiente legislatura habrá que seguir reclamando una explicación del deslizamiento a la que Lakua no se acercó un milímetro ayer.

Al tomar la palabra por última vez, Arriola se mostró especialmente tenso y un tanto altivo. «A veces tengo problemas de dicción y no se me entiende, pero ¿cuándo he dicho yo que el vertedero era estable? Nunca». Con ello quedó más claro aún que la preocupación principal del titular de Medio Ambiente era dejar muy claro que Lakua no tenía responsabilidad alguna en la inestabilidad de la zona.

 

La sobreexplotación del vertedero, muy conocida por Arriola

En la Autorización Ambiental concedida en 2007 se estableció que el vertedero de Zaldibar tendría una vida útil de 35 años como máximo. Sin embargo, apenas llevaba nueve años acogiendo residuos y estaba ya prácticamente al máximo de su capacidad. El consejero Arriola no ocultó ayer en la Diputación Permanente del Parlamento que el Gobierno de Lakua era plenamente consciente de ello: «Al vertedero le quedaban como mucho dos o tres años de llenado», indicó.

Confirmó Arriola que hasta 2,8 millones de toneladas de residuos se habían ido depositando en la escombrera en un proceso creciente, hasta el punto de superarse las 500.000 toneladas por año en 2018 y 2019.

Para entonces la calificación de Lakua ya se había degradado tremendamente (la nota pasó del mayor al mínimo nivel entre 2015 y 2019), pero Arriola no explicó por qué no se intervino para frenar ese flujo. Desde Elkarrekin Podemos, Lander Martínez lo calificó de vertedero «low cost» y dijo que en tales condiciones de sobreexplotación resultaba muy previsible un accidente laboral de este tipo.

Para incrementar las dudas sobre la inacción gubernamental, el consejero de Medio Ambiente confirmó además que se había requerido a Verter Recycling en noviembre la corrección de numerosas irregularidades (enunció hasta dieciocho), pero recalcando en todo momento que «ninguna estaba vinculada a la estabilidad del vertedero».

«Eran poco relevantes, salvo una de ellas», apostilló. Pero, ¿por qué no se activaron sanciones? Iñaki Arriola apuntó aquí que precisamente cuando se produjo la catástrofe del 6 de febrero «el Servicio de Inspección de la Dirección de Administración Ambiental se encontraba preparando el expediente y la propuesta motivada de inicio del expediente sancionador por las desviaciones encontradas en la inspección del pasado verano». El expediente se ha convertido en sancionador justo después del derrumbe.R.S.