«Nuestra amatxo, residente desde hace año y medio en Solera Residencial La Vaguada de Pamplona/Iruña, falleció a los 93 años en esta institución, el día 13 de abril de 2020. El informe médico de defunción confirma ‘fallo multiorgánico por infección por Covid19’». Así comienza el relato de la familia Biurrun Urriza sobre uno de los cientos de casos producidos estos dos últimos meses en residencias vascas, que concluye con varias preguntas al centro y a la Administración.

El testimonio, íntegro en NAIZ, expresa la «rabia, impotencia y dolor que nos produce haber perdido a nuestra madre en unas condiciones de muerte inhumanas, en soledad, sin sus ‘polluelos’». Pero entra también en cuestiones estructurales, que tienen que ver con un sistema en el que impera lo privado, con centros que cuestan en su caso concreto más de 3.000 euros al mes.

«Salvo error nuestro en la recogida de datos, Navarra cuenta con 71 centros residenciales de los que solo 2 son públicos y 69 privados con plazas concertadas (...) También salvo error, entre el 8 de marzo y el 1 de mayo sobre 5.835 residentes 231 habrían fallecido por Covid, con test positivo, más 172, con síntomas compatibles (...) ¿Podría ser consecuencia directa de los déficits asistenciales que presentan algunas residencias privadas?», plantean Zelaida, Olaia, Laura y Fernando Bihurri, hijos e hijas de María Urriza Zarategi. Y reflexionan así: «No se puede confinar la dignidad de la vida ni de la muerte, sea cual sea la emergencia sociosanitaria, y menos, y esa es nuestra tremenda duda y pesar, mercantilizar hasta tal extremo la vida de nuestros mayores».