Los emplazamientos al Gobierno español para que atienda a la realidad de la pandemia y sus efectos sobre las personas presas y sus familiares no cesan. El pasado 11 de mayo los suscribió, de hecho, una fuerza de ese propio Ejecutivo, Unidas Podemos, incluida en el acuerdo entre nueve fuerzas del Congreso que planteaba acercamientos y excarcelaciones. Y ahora se le ha trasladado desde el Gobierno de Lakua, que incluye al PSOE, con alcance restringido a la CAV y concretada en que sean traídos a las cárceles más cercanas a su domicilio.

El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación de Lakua, Jonan Fernández, confirmó ayer que han pedido por escrito al Ejecutivo Sánchez que proceda a traer a la CAV a todos los presos vascos o con arraigo en la comunidad autonómica, que están distribuidos en diferentes centros penitenciarios del Estado, de los que algo menos de 200 son de EPPK. Para ello, destaca las razones sanitarias a consecuencia de la pandemia del coronavirus.

El manifiesto firmado el día 11 por EH Bildu, Unidas Podemos, ERC, JxCat, PNV, Más País, CUP, BNG y Compromís pedía poner en marcha medidas alternativas a la privación de libertad, como la excarcelación y el acercamiento de personas presas, la ampliación de comunicaciones entre internos y familiares, la realización de diagnósticos rápidos para evitar que el virus se propague en prisión y garantizar la atención médica adecuada a grupos vulnerables o de riesgo. «Es absolutamente prioritaria la adopción de medidas de excarcelación más exigentes para que las personas presas puedan permanecer en espacios más salubres y en condiciones de atención y cuidado más profilácticas y sanitariamente más adecuadas que las que la prisión les depara», indicaban en el texto.

En una entrevista en Radio Euskadi ayer, Fernández recordó que la situación provocada por el covid-19 «se va a prolongar durante los próximos meses, probablemente, a lo largo del próximo año y medio».

«Salud pública»

«Estamos hablando de una nueva realidad. En estos momentos, hay alrededor de 330 presos vascos o con arraigo familiar en Euskadi diseminados por diferentes cárceles fuera de Euskadi y eso significa que, cada semana, más de 300 familias o allegados de esas personas encarceladas tienen que hacer viajes por toda la geografía del Estado para poder disfrutar de su derecho a la visita», constató.

Agregó que, esto, «que ya sería cuestionable en un contexto normal, ahora, en un contexto de pandemia y post-pandemia, es totalmente desaconsejable desde el punto de vista de salud pública».

«Lo que hemos planteado al Gobierno español es que, en este contexto, en el que ya no estamos hablando solo del caso de los presos vinculados a ETA, sino de cualquier preso, lo lógico es que cada recluso esté en un centro penitenciario de la Comunidad Autónoma para evitar desplazamientos largos e innecesarios que acrecientan el riesgo de contagio y de diseminación de contactos por comunidades autónomas diferentes a lo largo de toda la geografía», añadió.

Por ello, Lakua pide su traslado a las cárceles de Basauri, Martutene y Zaballa.

El Gobierno Urkullu ha remitido al Parlamento un breve informe sobre esta iniciativa. Indica que a finales de abril informó de la situación al Gobierno español y que puso énfasis en su petición el 14 de mayo.

En la exposición de motivos se apunta que en plena pandemia, «la realidad del alejamiento obliga a las familias, personas allegadas y amigas de las personas presas a realizar desplazamientos largos que hacen comunicar semanalmente a personas que proceden de zonas geográficas alejadas. Estas personas comparten y utilizan en los centros penitenciarios recintos y espacios cerrados como zonas de espera, locutorios, ventanillas, zonas de paso, entradas y salidas».

«Todo ello configura un contexto absolutamente desaconsejable, desde el punto de vista de la salud pública, de la prevención de cualquier diseminación de posibles contagios y del control de contactos. No sólo es desaconsejable, es evitable y tiene soluciones razonables. Los riesgos que añade el alejamiento no sólo afectan a las familias de las personas presas que se desplazan. Afectan a toda la población relacionada con el ámbito penitenciario, y de modo muy especial a las personas profesionales y funcionarias de prisiones», continúa.

Se adjunta un informe de Juan José Aurrekoetxea, director de Salud Pública de Lakua, en el que se detallan las afecciones y situaciones de riesgo que provoca el alejamiento de estas 327 personas y se añade que es previsible un rebrote de la situación el próximo invierno, por lo que convive evitarlas desde ahora

Salbuespen legedia bertan behera uzteko eskatu diete Madrili eta Parisi

Euskal presoek pairatzen duten salbuespen legedia behingoz amaitzeko eskatu zieten atzo Madrili eta Parisi Etxeratek eta Sarek. Donostian egindako agerraldian Patricia Velezek eta Inaxio Oiarzabalek nabarmendu zutenez, euskal preso guztiak Euskal Herrira ekarri behar dira, larriki gaixo dauden presoak eta 65 urtetik gora dituztenak askatu behar dira, preso eta senideek bisitak berreskuratu behar dituzte eta gradu progresioa ahalbidetuz baldintzak betetzen dituzten presoek etxean egon behar dute.

Covid-19aren ondorioz espetxeetako egoera gogortu egin dela adierazi zuten, «muturreko egoeretaraino eramanaz presoen eta euren senideen egoera».

«Badira horren hainbat adibide» esan eta kasu zehatz batzuk aipatu zituzten: Beatriz Etxeberria eta bere alaba Irati –2 urteko umeak bi hilabete baino gehiago darama preso diren gurasoak ikusi gabe–, Julen Atxurra –«jasandako buruko isuriaren kasu larria ere errealitate gordin eta jasanezin horren adierazgarria da»– eta Patxi Ruiz –«oraindik ere gose greban jarraitzen duena»–. Adibide horiek muturrekoak dira, baina egoera orokorra ere zaila dela nabarmendu zuten. «Egun, gaixotasun larriak dituzten 17 euskal preso ditugu; 70 urtetik gorako bi preso daude, 65 urtetik gorakoak 12 eta 60tik gorakoak 24. Estatu espainiarrean kartzelan dauden presoen %80 etxetik 1.000 kilometrotik 400 kilometrora daude eta Estatu espainiarreko 200 presoetatik 158 lehenengo graduan daude. Horri covid-19a dela eta ezarritako alarma egoerak ekarritako kalte gehigarriak gehitu behar zaizkio», azaldu zuten.

Osasun krisiaren fase honetan neurriak hartzeko aukera badagoela azpimarratu ostean, Europako eta nazioarteko erakundeek bide honetatik jotzeko gomendatu dutela gogorarazi zuten. Hori dela eta, etzi maiatzeko azken ostirala izanda, mobilizaziorako deia egin zuten. Sarek martxan jarri duen Izan Bidea ekimena ere gogora ekarri zuten.GARA

Donostia, por el acercamiento

El Ayuntamiento de Donostia aprobó ayer una declaración institucional en la que solicita al Gobierno español que «adopte las oportunas medidas de excarcelación de personas presas, en especial de quienes presenten patologías previas serias, crónicas o agravadas por la edad (mayores de 65 años), por conformar grupos de riesgo ante el contagio de la pandemia». Además, le pide que adopte medidas para excarcelar a los presos «que hayan cumplido las tres cuartas partes de la condena, no presenten riesgo de reincidencia y que presenten pronóstico favorable de reinserción social, con recursos familiares o de su entorno social próximo para someterse al confinamiento en los mismos términos que el resto de la sociedad». En otro punto de la declaración se solicita que cuando se inicie la desescalada, se den los pasos necesarios «para proceder al acercamiento generalizado a prisiones cercanas a sus domicilios de todas las personas presas que así lo soliciten».GARA