PERSONAS EN TRÁNSITO ATRAPADAS EN UNA FRONTERA QUE NOS DUELE
Media docena de personas en tránsito monta guardia a la salida de la estación del Topo en Ficoba. Escrutan con poco disimulo el puente de Santiago, a la espera de encontrar una falla en esos controles que desde hace meses sacan de quicio a los locales, y así seguir el viaje.

Son alrededor de media docena. Todos hombres jóvenes. Esperan a la salida de la estación del Topo en Ficoba-Irun. A menos de medio metro del grupo, una verja obstruye el remodelado puente Avenida que, de no estar cerrado desde enero como otros siete pasos de muga, podría haber sido una buena alternativa para pasar a pie a Hendaia. Sin echar muy lejos la vista aparece ante ellos el puente de Santiago. En un extremo, con jaima blanca incluida, el control permanente de la Policía francesa. En la zona guipuzcoana, en una tarde de 8 de marzo especialmente uniformada, la Guardia Civil plantaba, a su vez, un segundo control.
Los migrantes montan guardia en la esquina de esa zona comercial de Santiago ahora prácticamente desierta, ya que los clientes del norte del Bidasoa llegan a cuentagotas por las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia.
La frontera rige para los que llegan de lejos, tras sobrevivir a un penoso viaje, aunque también, en otra medida, para los locales, que seguirán a su sombra cuando los primeros logren, por fin, cruzar el paso.
¿Cuál es el marco legal que dificulta a los migrantes seguir viaje y a los vascos transitar con cierta libertad por su país?
Se llama suspensión temporal del Acuerdo de Schengen. Efectivamente, el Gobierno de Emmanuel Macron comunicó en otoño a la Comisión Europea que suspendía ese acuerdo que, a priori, vela por la libre circulación de personas en el seno de la UE.
El Gobierno francés trasladó en otoño a sus socios, y en particular a los estados con los que tiene frontera, su decisión de reponer los límites internos, de no mediar solicitud de prórroga, hasta el 30 de abril de 2021.
Así figura de manera expresa en la respuesta escrita dada por el Gobierno español a la pregunta registrada por Euskal Herria Bildu en relación al cierre de pasos.
En ese escrito, el Ejecutivo de Pedro Sánchez explica que, como es preceptivo, «Francia comunicó a la Comisión Europea, a los Estados miembros y, de modo particular a España, conforme al Acuerdo de Schengen y el Código de Fronteras, su decisión de prorrogar las medidas de control en las fronteras internas del espacio Schengen». El Ejecutivo detalla que «la decisión se fundamenta explícitamente en la comunicación previa que Francia había hecho con fecha de 2 de octubre de 2020 de prorrogar los controles fronterizos ya establecidos por un período de cinco meses, desde el 1 de noviembre hasta el 30 de abril de 2021».
Las restricciones al libre tránsito con el cierre de 16 pasos a lo largo de la línea pirenaica se apoyan en los artículos 25 y 27 del Código de Fronteras del espacio Schengen.
Esa es la base legal de la medida que provoca diariamente largas colas de vehículos, especialmente en los pasos de Irun-Santiago y Behobia, para desesperación de transportistas y, en general, de habitantes de la zona. Y también para apuntalar esa muralla que es un obstáculo más, aunque no infranqueable, para las personas en tránsito.
testimonios de vecinos
La llegada de un número más importante de migrantes –ayer en los albergues de Irun y Hondarribia quedaban unos 60 del centenar largo que fue alojado en días anteriores– ha hecho que se ponga el foco en esa frontera con la que se topan desde hace años las personas que llegan desde el Sur.
Sin ir más lejos, el pasado 25 de febrero, una residente en Hendaia, Itziar, relató en la emisora Antxeta Irratia cómo la Policía francesa había detenido en plena noche a dos migrantes en el jardín de su casa. Los policías sacaron a los dos jóvenes de entre los arbustos y tras meterlos en un coche se los llevaron de vuelta a Irun en una de esas habituales «devoluciones en caliente», que se complementan con arrestos en grupo, como el que filmó, el 4 de marzo, una usuaria de tren en la estación de Baiona.
El 4 de julio de 2019, en una reunión bilateral en la comisaría de Hendaia, el ministro de Interior español, Fernando Grande-Marlaska, y su homólogo francés, Christophe Castaner, aseguraban desconocer la existencia de esas prácticas, pese a que varias cadenas de televisión habían emitido ya para entonces imágenes de esa entrega irregular de policía a policía. El 26 de agosto de 2020 Grande-Marlaska recibió en Madrid a su nuevo homólogo francés, Gérald Darmanin, en una reunión en la que ambos ratificaron la validez de su estrategia de colaboración para «combatir, codo con codo, contra la inmigración clandestina».
De ahí que, por más que París sea el ejecutor de esta nueva vuelta de tuerca en la muga, limitar a una «cuestión interna francesa» la restitución de los controles en la frontera puede hacer perder de vista algo esencial. Y es que, cada cual en su momento, los estados europeos, y en lo que respecta a Euskal Herria los estados francés y español principalmente, responden a las crisis, tanto las ligadas a la migración como a otras materias no menos políticas pero etiquetadas igualmente como «cuestión de seguridad», aplicando el «hoy por ti, mañana por mí». Es una práctica habitual y tolerada en esa UE que ha hecho gala de todas sus flaquezas en el contexto de la sindemia.

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