El grupo parlamentario de EH Bildu registró ayer una proposición de ley que tiene como objetivo ampliar el parque público de vivienda en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, al mismo tiempo que limitaría la actividad de los denominados fondos-buitre en el mercado inmobiliario de la CAV.

Si, tras el correspondiente debate, se aprobara en su actual redacción la iniciativa que presentó Unai Fernández de Betoño, el Gobierno de Lakua tendría la obligación de comprar las viviendas de protección oficial (VPO) que salen al mercado.

Actualmente, el Ejecutivo autonómico tiene «derecho preferente de compra», pero solo lo ha ejercido 28 veces en los últimos seis años. «Lo que hoy es potestativo, con nuestra ley sería una obligación para el Gobierno», subrayó. No obstante, aclaró que esta norma tendría excepciones, ya que únicamente sería de aplicación en los municipios donde la oferta pública de alquiler protegido no cubra al menos el 80% de las solicitudes registradas en Etxebide.

Pero, como indicó Fernández de Betoño, en este momento afectaría a «la inmensa mayoría» de los municipios de la CAV, ya que solo hay 24.000 viviendas públicas de alquiler cuando el número de solicitantes registrado en Etxebide es de 60.000. «Todas las viviendas adquiridas en aplicación de esta ley se destinarían al alquiler social, que es el principal objetivo de la propuesta: aumentar el parque público de alquiler social», incidió.

Respuesta estructural

La formación soberanista también ha cuantificado el impacto económico que este cambio legislativo tendría en las cuentas públicas: «Teniendo en cuenta que se venden unas 600 VPO al año, el Gobierno necesitaría entre 80 y 90 millones de euros para comprarlas todas, que es aproximadamente el dinero que ahora destina a prestaciones de vivienda. En definitiva –manifestó el parlamentario alavés–, con nuestra propuesta pasaríamos de un sistema basado en prestaciones a un sistema basado en un parque público sólido de vivienda que dé respuestas estructurales».

Indirectamente, la ley tendría «otro beneficio importante», ya que serviría para poner fin al fraude del uso de “dinero negro” en la compraventa de VPO –cuyo precio máximo está fijado por ley–, «que en algunos municipios está tan extendido».

El también profesor de Ordenación del Territorio y Urbanismo en la UPV/EHU indicó que, igualmente, el texto propuesto por su grupo parlamentario «sería de aplicación en el mercado libre» para «limitar la actividad de los fondos de inversión». Explicó que la vigente Ley de Vivienda contempla que el Gobierno puede intervenir y tiene derecho de compra preferente en algunas compraventas de viviendas libres, pero hasta ahora nunca la ha ejercido.

«Nuestra propuesta de ley no le obliga en este caso a adquirir los pisos, pero sí amplía sus posibilidades de intervenir, sobre todo pensando en las grandes compras que hacen los fondos-buitre», puntualizó. La idea que defiende la coalición abertzale es que, «cuando alguien venda de golpe más de cinco viviendas, el Gobierno tenga preferencia para comprarlas y añadirlas al parque público de alquiler».