La denominada Estrategia Restaurativa Vasca fue presentada ayer por la consejera de Justicia y Políticas Sociales de Lakua, Beatriz Artolazabal; el director de Justicia, Eugenio Artetxe; y el asesor para cuestiones penitenciarias, el juez Jaime Tapia.

«Activar un proceso de Justicia Restaurativa beneficia a la víctima, también a la persona ofensora y por último beneficia a la sociedad en su conjunto en la medida en que recupera al victimario», argumentó Beatriz Artolazabal, tras remarcar que esta vía ya fue impulsada por Lakua años antes en el ámbito de la «justicia juvenil» y «con excelentes resultados».

Por su parte, Artetxe destacaba que se va a «dar impulso» a esta Justicia Restaurativa, «poniendo el foco en la restauración de las consecuencias del delito más que en el castigo». Así, definió un proceso que implicará a victimarios y víctimas con facilitación de intermediarios, y que incluirá desde talleres hasta encuentros entre ambas partes, aunque matizando que esto último no va a resultar imprescindible ni siquiera necesario en muchos casos.

Para ello se consolidarán programas ya existentes y se crearán otros nuevos. Se implantarán unos «estándares mínimos de calidad», con formación para los profesionales y evaluaciones externas. Y se apuesta por dar a conocer esta cuestión entre la ciudadanía, «extendiendo las técnicas de Justicia Restaurativa en el ámbito comunitario».

Todo ello se concreta en 77 acciones. A principios de mayo se celebrará en Bilbo un simposio internacional sobre Justicia Restaurativa, cuyas conclusiones se incluirán en el documento, que será trasladado después al Parlamento de Gasteiz.

Preguntada sobre si se trata de un sistema «para los presos de ETA», la consejera respondió, en línea con afirmaciones precedentes, que se trata de «un modelo para todas las personas, va a ser ofrecido a todas las personas presas independientemente del delito que hayan cometido, no va a haber políticas de excepción».

Y en ese punto quiso añadir que hará falta «discreción», algo que, según dijo, requieren tanto las víctimas como los victimarios, un proceso «que es muchas veces complejo».

«Muchas veces en los centros penitenciarios hay que empezar por informar de qué es la Justicia Restaurativa», admitió Tapia.

«La especificidad de esta estrategia es que normalmente en el ámbito penitenciario se ha empezado por los victimarios, y si estos muestran voluntad luego se va a buscar a la víctima, pero aquí queremos que sea simultáneo, queremos que también las víctimas puedan manifestar que quieren participar en estos procesos restaurativos», añadía el juez asesor de Lakua. A tal efecto, según explicó, han mantenido ya entrevistas con personas que puedan estar interesadas en estos procesos y que esperan que se puedan empezar a ver materializaciones concretas hacia junio.

Balance de seis meses

La comparecencia sirvió además para valorar el primer semestre de competencia penitenciaria, que se cumplía precisamente ayer. Artolazabal definió ese tránsito hacia un nuevo modelo penitenciario como «una carrera de maratón. Nuestra andadura apenas se ha iniciado y partimos de una herencia que no es fácil de gestionar». Citaba por ejemplo las malas condiciones de las cárceles de Martutene y Basauri. Y también apuntaba la consejera que antes la red estatal lógicamente era muy amplia para trasladar a las personas presas entre las cárceles si se consideraba necesario y ahora se puede hacer solo entre los tres centros.

Artolazabal destacó, por lo demás, avances como la colaboración con el Tercer Sector para dotar de alternativas a la prisión a las personas presas enfermas o con problemas, o la puesta en marcha de la agencia Aukerak, cuyo objetivo es avanzar en la reintegración.

No obstante, por encima de ello destacó que «la mejor noticia de estos seis meses es que no hay malas noticias sobre esta competencia», denotando ciertos temores al respecto.

Jaime Tapia, por su parte, consideró que «es pronto» para valorar el cambio de modelo, porque «estamos aún en tiempo de siembra, no de cosecha».

Recurso contra Joseba Arregi

Preguntado sobre el recurso de la Fiscalía contra el tercer grado concedido a Joseba Arregi Erostarbe, conocido esta semana, Tapia expresaba su «respeto a las decisiones de la Justicia» para remarcar luego que siete de esos ocho terceros grados no han sido recurridos.

«Considerábamos que había motivos para conceder el tercer grado también en este caso de un preso que tiene 75 años y lleva 28 o 29 en la cárcel [Arregi acaba de cumplir 30]», añadía, para apostillar que la ley prevé la concesión de libertad condicional, y no solo el tercer grado, para personas «septuagenarias», por lo que dijo ser optimista sobre la resolución final de la Audiencia Nacional.

Artolazabal añadía que la aceptación sin recurso de siete de los ocho terceros grados «muestra que se ha hecho un trabajo exhaustivo e individualizado. Con ‘Fiti’ entendíamos que se cumplían los requisitos para la progresión de grado, no conocemos las alegaciones de la Fiscalía y veremos qué decide el juez de la Audiencia Nacional».