El comité de empresa de Tubacex expresó su apoyo a los trabajadores y las trabajadoras imputados por su participación en los conflictos laborales de Tubacex, Petronor, PCB y Metal de Bizkaia, Artiach, entre otras empresas, después de que hayan llegado a los juzgados los procedimientos penales y administrativos abiertos contra varios trabajadores y trabajadoras «por su participación en distintas movilizaciones llevadas a cabo en los conflictos laborales».

Los trabajadores de las plantas de Tubacex de Laudio y Amurrio protagonizaron el año pasado casi ocho meses de huelga en protesta por un ERE con 129 despidos y durante ese tiempo realizaron numerosas movilizaciones, algunas de las cuales terminaron con incidentes y cargas de la Ertzaintza.

A través de un comunicado, el comité de empresa denunció ayer la «avalancha de multas» que están recibiendo en aplicación de la ley Mordaza, «que ya debería haber sido tumbada en el Congreso», al tiempo que defendió que «hacer huelga o participar en una manifestación no puede ser delito».

Consideró, además, que al tratar los conflictos laborales como «actos contrarios al orden público» se pretende su «criminalización». Indicó que la imposición de multas, en este contexto, constituye «un nuevo intento de amedrentar a las clase trabajadora, esta vez mediante el castigo económico injustificado y desproporcionado». Estimó «especialmente dolorosas» las multas procedentes «del propio Ayuntamiento» de Laudio contra trabajadores de Tubacex.

«Entendemos que hacer huelga o participar en una manifestación no puede ser delito. Este intento de criminalización de la lucha obrera no es casualidad, sino una decisión política. Ante conflictos laborales, el Gobierno vasco no solo abandona a los y las trabajadoras, sino que se posiciona al lado de las empresas poniendo a disposición de esta a la Ertzaintza para que la utilice como si de seguridad privada se tratase», censuró el comité de empresa de Tubacex.

La representación social de la plantilla de Tubacex manifestó que al aplicárseles la ley Mordaza, «a través del Derecho administrativo» pretenden «obtener penas que no pueden obtenerse por vía judicial penal; a unos les exigen penas de cárcel y a otros multas económicas desproporcionadas».