A través de una información filtrada por fuentes del Centro Nacional de Inteligencia al diario “El País’”, el Estado español ha asumido el espionaje con Pegasus a independentistas catalanes y vascos, pero apuntando que se realizó de forma «individualizada, no discriminada y siempre bajo control judicial».

Las citadas fuentes aseguraron que el CNI usó el programa espía Pegasus, adquirido a mediados de la pasada década por unos seis millones de euros, para vigilar las actividades de líderes independentistas en sus salidas al extranjero y negaron que se hayan pinchado teléfonos institucionales.

También sostuvieron que muchos de los políticos que figuran en la lista que se hizo pública «jamás» fueron objeto de investigación por parte del CNI y que la cifra de los afectados por sus pesquisas es «muy inferior» a la mencionada.

Sí admitieron que los líderes de asociaciones independentistas catalanas han sido objetivo de seguimiento por el CNI en los últimos años, pero no aclararon si el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y sus tres antecesores (Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra) figuran entre los espiados.

Según la información de “El País”, la ley reguladora del servicio secreto español, de cuya entrada en vigor se cumplen ahora dos décadas, atribuye al CNI, entre otras misiones, la de «prevenir y evitar cualquier amenaza a la integridad territorial de España». En cualquier caso, las fuentes consultadas por el diario de Prisa insistieron en que todas las escuchas fueron autorizadas por el magistrado del Tribunal Supremo responsable de controlar las actividades del CNI o por su sustituto.

Robles riza el rizo

Horas después de que fuentes del CNI reconocieran este espionaje, tras quedar más que acreditada su autoría por distintas fuentes y alegar un aval judicial que no consta, la ministra de Defensa, Margarita Robles, insistió en negar la mayor en su comparecencia en el Senado.

Sus respuestas a EH Bildu, JxC y ERC fueron machaconamente insistentes pero a la vez abiertamente contradictorias: dijo que el CNI no ha practicado este espionaje pero, a la vez, que no podría admitirlo porque supondría vulnerar el secreto oficial. «¿Dónde ha visto usted una declaración de un dirigente del CNI haciendo alguna manifestación así? El CNI no ha reconocido nada», le espetó al senador de JxCat Josep Lluís Cleríes. «El CNI cumple la ley. Hay una ley que expresa que todas sus materias son secretas. Si alguien dice algo, cometería algún delito, así que fíjese usted qué indefensión. No se preocupe, que la directora del CNI comparecerá en la comisión de secretos oficiales que se va a constituir. Si habláramos, cometeríamos un hecho delictivo», insistió.

Posteriormente fue Gorka Elejabarrieta (EH Bildu) quien hizo ver a la ministra que debe dar «una respuesta acorde a la gravedad de los hechos». Pero Margarita Robles se enrocó y añadió nuevos sarcasmos a su intervención, como este: «Cualquier Estado democrático como es España tiene unos hombres y mujeres que trabajan por la seguridad interna y externa y que cumplen escrupulosamente la ley. Ustedes manchan el buen nombre de miles de personas que trabajan para que usted y yo tengamos garantías», le dijo a Elejabarrieta, obviando que EH Bildu es una de las formaciones espiadas.

Elejabarrieta añadió en la réplica que está convencido de que el espionaje al independentismo se sigue realizando incluso tras este escándalo, «con Pegasus o con otros medios, por el CNI o por la Guardia Civil». Y le recordó a la ministra que según se está publicando estos representantes catalanes y vascos fueron espiados también en otros Estados «que ya me extrañaría que hayan sido informados. ¿Alguno le ha pedido explicaciones? Créame que lo harán», vaticinó.

Robles no quiso entrar en ello y continuó con las evasivas, también ante la tercera pregunta, formulada por Mireia Cortes (ERC): «Lo que yo no le puedo explicar ahora ya lo conocerá cuando se constituya la comisión de secretos oficiales».

En este afán de seguir negando hasta lo ya reconocido, Robles dijo que «no conozco “The New Yorker” ni los informes de laboratorios privados. Esas informaciones no se sabe de dónde vienen o igual están teledirigidas. No tenga ninguna duda de que cuando se comete un hecho delictivo hay unos procedimientos judiciales. Este Gobierno no esconde la cabeza como el avestruz, cumple la legalidad, y si tienen dudas vayan a los tribunales. La denuncia falsa también es un delito en ocasiones».

Declaración conjunta

El espionaje con Pegasus ha tomado centralidad total en la agenda de las Cortes españolas. Hoy hay previstas hasta seis preguntas al respecto en el Pleno del Congreso, y ayer grupos soberanistas y de izquierdas pidieron una investigación política y judicial del espionaje.

En concreto, fueron Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Junts per Catalunya, PdeCAT, CUP, Mas País, Compromís y BNG los grupos que exigieron al Gobierno español que actúe «de manera inmediata para investigar y aclarar, tanto política como judicialmente», el espionaje al que han sido sometidos decenas de políticos y militantes soberanistas, «asumiendo y depurando para ello todas las responsabilidades políticas que se deriven de tal investigación».

Así lo recoge una declaración conjunta en la que pidieron «al conjunto de los grupos parlamentarios del Congreso y especialmente al Grupo Socialista, que permitan la creación de una comisión de investigación que avance en el esclarecimiento sobre este caso, que rinda cuentas con la ciudadanía y las Cortes de forma transparente y con responsabilidad ante la gravedad de lo conocido hasta ahora».

Asimismo, exigieron a la Mesa del Congreso y a su presidenta, Meritxell Batet, que «tome todas las medidas oportunas para garantizar los derechos de los cuatro diputados afectados por Pegasus, así como que inicie una investigación interna para poder conocer el alcance real de los posibles casos de espionaje a diputados y diputadas de esta Cámara». «Desde el momento en el que sabemos que se ha espiado a cinco diputados, algunos de ellos portavoces de sus fuerzas políticas, podemos afirmar que la seguridad del Congreso ha quedado comprometida dado que el espionaje con Pegasus no se circunscribe a las personas cuyos terminales han sido afectados sino a todas las personas que tengan contacto con éstas», añadieron.

E instaron a todas las fuerzas políticas, así como a los agentes sociales y sindicales y a la ciudadanía en su conjunto, «a denunciar enérgicamente este escándalo y exigir su investigación y aclaración como única forma de salvaguardar los derechos y libertades básicas que a todos y todas nos asisten».

«Todas las ideas democráticas deben poder defenderse en libertad y con garantías, asegurando para ello los derechos civiles y políticos de todas las personas independientemente de su adscripción política. Hoy, el estado español está sumido en la sospecha de llevar a cabo prácticas más propias de regímenes autoritarios que de una democracia europea», remarcan, y advierten de que «el uso antidemocrático y sistemático del espionaje como arma política contra el adversario político es un método que no debe tener cabida en un estado que se dice democrático».

No obstante, recordaron que «han sido numerosos los casos conocidos de espionaje político llevados a cabo por el Estado bajo diferentes gobiernos».

En este sentido, incidieron en que «hace ya dos años que se dio a conocer la situación de espionaje a distintos políticos catalanes. Ahora se ha demostrado que este era un caso a gran escala, el mayor acreditado de espionaje con Pegasus a nivel europeo, un escándalo mayúsculo que ataca directamente la democracia y el derecho básico a la libertad de expresión y participación política».