Los atentados de 2015 llevaron al entonces presidente francés, François Hollande, a decretar el estado de urgencia y, de manera consiguiente, el cierre de fronteras durante un mes. Desde entonces, en los pasos fronterizos que gestiona la Policía francesa los controles se han convertido en una constante.

Para denunciar «la ilegalidad» de esa prórroga sistemática de la suspensión del Acuerdo de Schengen, cuatro organizaciones civiles han presentado un nuevo recurso ante el Consejo de Estado francés.

Esta vez tienen de su parte una sentencia dada a conocer el 26 de abril por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), según la cual solo es posible reponer los controles por un máximo de seis meses.

Una prórroga solo podría aceptarse, según esa instancia, en caso de que se evoque un riesgo diferente al esgrimido en la primera comunicación.

Desde 2015, París ha procedido a 15 prórrogas que se basan en la persistencia de la »amenaza terrorista», aunque en algunas comunicaciones haga referencia de paso a la «migración irregular» o a la crisis sanitaria.

Son muchas las iniciativas que, particularmente desde que con la pandemia se estrecharan todavía más los cierres y controles en los pasos, han denunciado los muchos impactos de esa medida securitaria tiene en las zonas transfronterizas.

Por citar solo algunas de ellas, desde las instituciones que gestionan la euroregión Euskadi-Nafarroa-Nueva Aquitania se ha dejado constancia mediante declaraciones o misivas a París de las consecuencias de la medida en la actividad socioeconómica.

En respuesta a una iniciativa impulsada por los parlamentarios catalanes Clara Ponsatí, Carles Puigdemont y Antoni Comín, por el eurodiputado vasco Pernando Barrena (EH Bildu-Izquierda Europea-ALE), y dos electos más adscritos al grupo ALE/Verdes, François Alfonsi y Claude Gruffat, el pasado mes de enero la propia Comisión Europea hacía saber su intención de «abrir gestiones» con los estados con respecto a las políticas de fronteras, con mención expresa al francés. A esas iniciativas hay que sumar la denuncia constante por entidades ciudadanas, como Etorkinekin o Irungo Harrera Sarea, del trágico balance en vidas causado por esa muga que tildan de racista.

La fosa del Bidasoa

En 2021 hubo tres ahogamientos en el Bidasoa. El joven marfileño de 28 años de edad Yaya Karamoko falleció cuando intentaba cruzar el río, el 22 de mayo; Abdoulaye Coulibaly, de 18 años y procedente de Guinea Conakry, murió ahogado el 8 de agosto, y un tercer cadáver fue localizado el 20 de noviembre.

Otra persona más apareció ahorcada a orillas del río, junto al polideportivo de Azken Portu de Irun. Además tres migrantes murieron arrollados por el tren en la localidad labortana de Ziburu. Dos de esos jóvenes fallecidos, ambos argelinos, fueron identificados como Mohamed Kemal y Faiçal Hamadouche.

Siguiendo con ese dramático balance, a finales de abril de este año se conocía de la desaparición de un joven en el Bidasoa, tras caer desde una ladera al río, a la altura de Endarlatsa. Y como hicieran tras confirmarse la primera muerte en la muga de este 2022, la de Ibrahim Diallo, las asociaciones volvían a demandar la apertura de corredores humanitarios para que los migrantes puedan pasar la frontera y seguir viaje en seguridad.

Han sido precisamente asociaciones que trabajan en el Estado francés en favor de los derechos de las personas extranjeras, caso de la Asociación Nacional de Asistencia en Frontera para las Personas Extranjeras (Anafé), el Grupo de Información y Apoyo a Personas migrantes (Gisti), así como la Cimade y la Liga de Derechos Humanos (LDH), las que han puesto en marcha una nueva vía ante el Consejo de Estado contra la imposición de controles permanentes en frontera.

Según adelantó en su edición de ayer el diario “Le Mond”, se han basado en esa reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en la que se reitera el criterio que figura en el Tratado de Schengen según el cual la reposición de controles en frontera no puede exceder de un periodo máximo de seis meses.

En respuesta a una demanda austriaca, el TJUE aclara que solo un nuevo tipo de amenaza puede permitir prolongar la medida. Sin embargo, cabe recordar que el Estado francés ha hecho saber cada seis a Bruselas que mantiene el cierre de fronteras que decretara en 2015.

Una medida que altera el tránsito interno en Euskal Herria o Catalunya y que, pese al discurso europeísta de Emmanuel Macron, se aplicaba desde antes, se ha mantenido y seguirá en vigor cuando concluya, en julio, el semestre de presidencia francesa de la Unión Europea.