Nafarroa ha elaborado una pionera proposición de ley sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica que pone «a las víctimas en el centro», según señaló ayer el consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Ejecutivo, Eduardo Santos, quien añadió que es «una iniciativa a favor de las víctimas y no en contra de la Iglesia católica».

La proposición de ley fue registrada en el Parlamento para que sea trasladada al Pleno en busca de su aprobación y fue detallada ante los medios de comunicación por el consejero.

Señaló que la norma supone «la culminación de un trabajo conjunto con una trayectoria de tres años» y que tuvo como arranque la solicitud de las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia de que reciban un reconocimiento social.

Por ese motivo, Santos destacó que la nueva ley «pone a las víctimas en el centro». De hecho, se establecen mecanismos para que puedan ser reconocidas como tales oficialmente.

Así, a través de la norma, «se trata de dar cumplimiento al estatuto de la víctima en materias donde la justicia no puede ya, por razones diferentes, ejercer su función de esclarecer los hechos y buscar a los responsables de los mismos».

Ante los casos prescritos, la inmensa mayoría, «la Administración no puede mirar para otro lado y a través de la Oficina de Atención a Víctimas del Delito se recibirán todos los planteamientos que tengan que hacer quienes quieran ser reconocidos como víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Y a partir de ahí se instruirá un expediente».

Esa solicitud será derivada a una comisión de expertos, que es el organismo que «va a proponer o no el reconocimiento de los solicitantes como víctimas de abusos sexuales y habrá una resolución individualizada con esos parámetros». Se trata de una comisión en la que está invitada a participar la propia Iglesia católica.

Además de resolver las solicitudes, esa comisión «va a hacer unas memorias anuales de las que va a dar cuenta al Parlamento», de tal manera que «la sociedad navarra va a ser conocedora del trabajo de esta comisión y de sus resultados», añadió el consejero.

Sobre si la Iglesia participará o no en la comisión, Santos señaló que el diálogo con la institución religiosa «es fluido y constante» y que es la propia Iglesia católica quien «deberá fijar posición. Tiene que definir su participación».

Reparar «quien lo ha hecho»

En relación a la posibilidad de que el reconocimiento de la condición de víctima de abusos sexuales vaya acompañada de algún tipo de indemnización, el consejero de Justicia indicó que «si alguien lo solicita, el daño lo tiene que reparar quien lo ha hecho. Es un paso que debería dar la Iglesia. El primer paso es reconocer a la víctima, porque si no está reconocida, no hay pasos hacia la reparación».

El consejero estuvo arropado por representantes de las tres fuerzas que integran el Gobierno de coalición. Por el PSN, Virginia Magdaleno reconoció que «esta ley llega tarde, pero tenía que llegar» y puso el acento en que «reconoce derechos y supone dar luz a la vulneración de derechos humanos» sufrida por «menores de entre 5 y 17 años, personas vulnerables, a las que hay que dar un reconocimiento público».

Desde Geroa Bai, Blanca Regulez destacó «tres puntos esenciales de la ley» y que pasan por el derecho al reconocimiento a las víctimas, que «promueve un reconocimiento individual y colectivo», y «contribuye a la difusión del respeto a los derechos humanos».

Por último, Mikel Buil, de Podemos, calificó la presentación de la proposición de ley de «día de celebración» y recordó que la comisión de expertos «va a seguir requiriendo la colaboración ciudadana» para recoger testimonios de testigos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica. Añadió que los casos de abusos recabados hasta ahora, 61 en Nafarroa, son «la punta del iceberg», ya que esas prácticas fueron «generalizadas».