¿Qué puede tener de comprometedor para la actuación policial de 2022 el acta de una reunión de la Junta de Seguridad, que reúne a los Gobiernos de Madrid y Gasteiz, celebrada en julio de hace diez años para fijar la vigilancia y control de la Vuelta Ciclista a España 2012? No es fácil de entender, pero el Departamento de Josu Erkoreka se la ha entregado totalmente tachada al parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga. La Mesa del Parlamento ha pedido explicaciones al Ejecutivo de Lakua.

El pasado 20 de junio, el parlamentario soberanista solicitó al Departamento de Seguridad la «relación de resoluciones y acuerdos adoptados en la Junta de Seguridad», «copia de dichos textos, así como de todas las actas de todas las reuniones desde su creación hasta la última».

Cabe explicar que la Junta de Seguridad es un órgano recogido en el Estatuto de Autonomía «para la coordinación entre la Policía Autónoma y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado», y que está «formada en número igual por representantes del Estado y de la Comunidad Autónoma».

El escrito de contestación del vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, llegó al Parlamento el 27 de julio, afirmando, sin más explicación, que «en respuesta a su iniciativa le participo que por la índole de la documentación solicitada no se puede facilitar copia de la misma». Añade que, «no obstante en aras de intentar conjugar los valores en juego con el derecho que le asiste como parlamentario, le invito a acudir a las dependencias administrativas del Departamento de Seguridad, en los términos que dispone el artículo 11.3 del Reglamento del Parlamento Vasco».

Documentación inútil

El parlamentario de EH Bildu acudió el 13 de setiembre a la Comisaría de Erandio para recoger aquella documentación que había pedido, y allí pudo «ver y recoger una carpeta con la información solicitada por escrito».

Julen Arzuaga explica que lo que se encontró al abrir la carpeta fue que «la documentación expuesta había sido prácticamente eliminada por el Departamento de Seguridad, dejándola sin ninguna utilidad para mi labor parlamentaria».

Como puede observarse en los ejemplos que acompañan a estas líneas, hay folios tachados prácticamente en su totalidad. De las actas de la Junta de Seguridad incluso «se han eliminado también la relación de personas que han participado en las reuniones y el orden del día, y en algunos casos la fecha de la reunión y el logotipo del Gobierno Vasco».

Queja a la Mesa

A la vista de lo sucedido, Arzuaga remitió un escrito a la Mesa del Parlamento, expresando su queja y solicitando el amparo de la dirección de la Cámara.

Recuerda el parlamentario que el artículo 11.3 del Reglamento recoge el derecho de los parlamentarios a «tomar las notas que estime oportunas así como obtener copias de los documentos». Arzuaga denuncia que «en este caso, la censura ejercida por el Departamento de Seguridad vulnera absolutamente lo que dice el citado artículo, ya que la posibilidad de tomar notas y las copias recibidas no son útiles en absoluto».

Entiende el parlamentario que «no es legítimo, no está justificado y es contrario al principio de transparencia la denegación de dicha información a un parlamentario».

Expone que «el texto que se me presentó para tomar notas en la visita a la Comisaría de Erandio y la copia que luego he recibido son los mismos, absolutamente limitados y no válidos para ejercer mi labor parlamentaria». Asegura, por tanto, que «el Gobierno ha limitado, de esta manera, de forma significativa la función de todo parlamentario en el control de su actuación, al ocultar/denegar la información que resulta imprescindible para el análisis y la valoración de la naturaleza de la actuación de la Junta de Seguridad».

Por todo ello, y ante lo que considera «la vulneración por parte del Gobierno del derecho que le asiste a todo parlamentario a ser informado por parte de las administraciones públicas vascas», el representante de EH Bildu «solicita el amparo de la Mesa del Parlamento Vasco para exigirle al Gobierno la remisión inmediata de la información solicitada en su integridad».

La Mesa pide explicaciones

En su reunión del pasado marte, la Mesa -en la que PNV y PSE tienen mayoría absoluta- decidió pedir explicaciones al Ejecutivo de Lakua.

En las resoluciones de la reunión puede leerse que «la Mesa entiende que pueden existir razones por las que se deniegue la información, pero, ante la falta de elementos de juicio, requiere al Gobierno para que señale los motivos por los que no se ha dado acceso a la información solicitada por el parlamentario».

Hubo en el órgano de dirección del Parlamento quien mostró su perplejidad por el hecho de que se obligara al parlamentario a acudir a la Comisaría de Erandio para que al final no le ofrecieran la información que había solicitado.

Por otra parte, hay quien entiende que en el trasfondo de esta actuación difícilmente comprensible, hay una especie de venganza desde elementos del Departamento de Seguridad hacia Julen Arzuaga, que forzó la ruptura de lo que se había convertido en una tradición, que era que los parlamentarios podían consultar la información, pero ni tomar notas ni hacer copias. Sin embargo, no es eso lo que recoge el Reglamento de la Cámara y Arzuaga logró hacer prevalecer su derecho frente a la resistencia de Josu Erkoreka.