Una vecina de Donostia y su hijo, menor de edad, viven al borde del desahucio desde abril y en paralelo afrontan un procedimiento judicial como víctimas de malos tratos. Una situación límite ante la que, «desesperados», piden una prórroga que les evite abandonar su piso de alquiler social, que es propiedad de Lakua.

Rosa (nombre ficticio de la mujer, sobre cuya situación informó ayer el periodista de Efe Carlos López Izquierdo) y su hijo atraviesan además una precaria situación económica tras quebrar durante la pandemia el negocio que regentaba.

Pero su drama se remonta años atrás, hasta el momento en el que su esposo empezó a tener episodios de «intensa agresividad», en los que presuntamente le gritaba, se encaraba con ella, la agarraba, la empujaba y le insultaba.

«Puta de mierda, zorra, golfa, te voy a cortar el cuello y a joderte la vida», son algunas de las expresiones a las que tuvo que hacer frente durante su matrimonio, mientras su marido propinaba «puñetazos, patadas y golpes a puertas, paredes y a otros objetos del domicilio», en ocasiones en presencia de su hijo menor.

Agresiones físicas

Según recoge la orden judicial de protección de la que goza Rosa, luego llegaron las «agresiones físicas de carácter más grave»: bofetadas, mordiscos en el labio, agarrones de pelo y hasta un puñetazo en la cabeza, así como mensajes de whatsapp con insultos y amenazas. Unos «momentos de agresividad» en los que, según los «indicios», su marido habría golpeado «ocasionalmente» al hijo «con la mano abierta» en el cuerpo, además de vejarlo a causa de su físico, llamándole «gordo, foca o tractor».

El marido ha sido procesado recientemente por estos hechos por el juzgado de Violencia sobre la Mujer como posible autor de ocho delitos de violencia machista, y su caso se encamina hacia el juicio.

También en los tribunales se dirime la segunda cuestión que quita el sueño a Rosa desde que el 24 de abril, cuando otro juzgado donostiarra admitió a trámite la demanda de desahucio de su vivienda de alquiler social, interpuesta por el Gobierno de Lakua por una deuda de 17.363 euros en concepto de rentas impagadas.

Rosa se opuso entonces al desahucio, para el que ya se había señalado el 1 de junio y, tras lograr aplazar inicialmente el lanzamiento, pidió al Juzgado de Violencia sobre la Mujer que informara de su situación a los servicios sociales del Ayuntamiento de Donostia para poder encontrar «una solución habitacional» para ella y su hijo, atendiendo a sus especiales «circunstancias».

El 25 de mayo, el consistorio emitió un informe que acreditó la «situación de vulnerabilidad económica» de Rosa, quien con un sueldo «exiguo» aún debe hacer frente al pago del préstamo con el que adquirió el local hostelero quebrado, ahora en venta.

La familia fue informada sobre las prestaciones a las que podría tener acceso en el Servicio Municipal de Atención a mujeres maltratadas, así como sobre la existencia de ayudas de emergencia social. Además, se le planteó la posibilidad de acceder a un piso de emergencia social, aunque en su caso no se llevará a cabo hasta después «del acto de lanzamiento de desahucio de la vivienda en la que reside».

El juzgado consideró acreditada la situación de «vulnerabilidad» y acordó suspender el desahucio hasta el 30 de septiembre. Aunque antes de esta fecha su abogada ya presentó dos escritos solicitando la prórroga de la suspensión y que se diera un nuevo impulso al proceso, el caso atraviesa ahora un momento de «impasse», con el plazo ya vencido y a la espera de que Servicios Sociales emita un nuevo informe sobre la «situación de vulnerabilidad» de Rosa y su hijo, para quienes las manecillas del reloj continúan ya su dramática cuenta atrás.