El lehendakari de la CAV, Iñigo Urkullu, aseguró ayer, en sus primeras declaraciones públicas sobre el tema, que tiene «la conciencia tranquila» sobre el denominado “caso De Miguel”. Señaló que le provoca «tristeza» por el hecho de que los condenados fueran del PNV, pero también «satisfacción» por el trabajo desempeñado por la Ertzaintza y los servicios jurídicos de Lakua.

La actitud del partido y del Gobierno con estos burukides en todos estos años (y hasta la actualidad en el caso del propio De Miguel al haber seguido empleado en un órgano dependiente de Lakua) ha sido polémica, pero Urkullu no mostró ninguna autocrítica en su intervención ante los medios de comunicacón, sino más bien al contrario.

El lehendakari recalcó, en declaraciones a los periodistas presentes en el centro Fabrika de Donostia, que la sentencia sobre este caso es «un recordatorio de lo que es y tiene que seguir siendo la interpretación y el ejercicio de la política al servicio del bien común».

Urkullu se pronunció sobre esta cuestión después de que el pasado martes se conociera la sentencia firme del Tribunal Supremo, que rebaja ligeramente las condenas impuestas en este caso contra tres exdirigentes del PNV y un exdirector de Lakua, con penas que van de 5 a 12 años de cárcel, por lo que entrarán en prisión.

A De Miguel le ha impuesto, además de penas de inhabilitación y multa, un total de 12 años y 4 meses de prisión, con un límite legal de cumplimiento de 9 años. Ochandiano ha sido condenado a 7 años y 6 meses de prisión, que quedan limitados a 6 años y 9 meses de cumplimiento efectivo, y la pena de Telleria es de 5 años, 1 mes y 15 días de prisión.

El lehendakari señaló que siente «tristeza» por el hecho de que los condenados en este proceso fueran «afiliados» al PNV (en realidad cinco de ellos burukides) y también por sus familiares y allegados.

Al mismo tiempo, remarcó que también siente «orgullo» por la actuación de su partido, ya que cree que tanto el exdiputado general de Araba Xabier Aguirre como el propio partido «supieron reaccionar» ante «el riesgo» de que se pudiera «ensuciar el nombre orgánico del PNV» y fueron «ejemplo de lo que luego pudiera ser la gestión de este tipo de situaciones».

Expresó asimismo su satisfacción por el trabajo desarrollado por la Ertzaintza, por los servicios jurídicos de Lakua, y por la decisión de su Gobierno y del Departamento de Gobernanza Pública de personarse en la causa.

«Conjugar» las decisiones

Afirmó que tiene «la conciencia tranquila de haber ponderado desde el inicio hasta el final lo que era una situación en la que había que conjugar la presunción de inocencia, dar tiempo a los procesos y procedimientos judiciales», a la vez que se actuaba con «firmeza en la toma de decisiones delicadas» como las adoptadas «en aquel momento».

En su opinión, la sentencia del Tribunal Supremo debe ser, en todo caso, un «recordatorio» para él y también para los «miles de militantes del PNV y los cargos institucionales, desde concejales hasta el propio lehendakari, de lo que es y tiene que seguir siendo la interpretación y el ejercicio de la política al servicio del bien común». «Euskadi es el bien común», concluyó.