Lo ocurrido el 9 de mayo de 1976 en Montejurra no fue «un enfrentamiento de dos facciones carlistas», sino un plan urdido por «un sector de las cloacas del Estado» que «se puso la boina roja» y reventó la cita anual del carlismo por ser contraria a Juan Carlos de Borbón y proclive al socialismo de Carlos Hugo Borbón-Parma.

Así lo relató José Lázaro Ibáñez Compains, secretario general del Partido Carlista, en una comisión celebrada en el Parlamento de Nafarroa en la que pidió «verdad, justicia y reparación» tras los nuevos documentos revelados por una fuente anonima que confirman que el Estado reventó aquella cita anual para defender al rey español.

«Lo que se nos ha hecho es una canallada que no tiene nombre. En la puta vida ha sido el carlismo franquista», señaló, visiblemente emocionado, Ibáñez, quien acudió a la comisión junto a Jesús María Aragón, secretario general del partido en Nafarroa, José Joaquín Urra y Dolores Goldaraz.

Así, demandaron que el Gobierno navarro realice el «reconocimiento público y la reparación que corresponda al Partido Carlista por ser la principal víctima de aquella agresión», así como actualizar los contenidos del Museo del Carlismo de Lizarra sobre Montejurra 76, entre otras peticiones.

Adolfo Araiz, de EH Bildu, denunció que Montejurra 76 fue «una operación organizada desde el Estado para atribuir al Partido Carlista una imagen de división y violencia ultraderechista que no se correspondía con la realidad».

El parlamentario de Navarra Suma Iñaki Iriarte manifestó su «condena a los asesinatos» y reconoció que estos documentos demuestran que «fue una agresión orquestada desde muy arriba».

Desde el PSN, Inma Jurío mostró su deseo de que «logren el reconocimiento judicial», si bien discrepó con los ponentes defendiendo que sí existen tendencias carlistas tendentes al franquismo.

El representante de Geroa Bai Jabi Arakama urgió a que se modifique la Ley de Secretos Oficiales del Estado, al igual que hizo la portavoz de IE, Marisa de Simón.