Hace unos días el Tribunal Supremo revocó la sentencia del TSJPV que consideraba «nulo radical» el despido de 76 trabajadoras de las residencias de IMQ en Bizkaia. En su lugar, ha emitido una sorprendente resolución a favor de la empresa. Viene a decir que las trabajadoras, despedidas en el 2021 por ejercer su derecho a la huelga, carecen de razón y que, en cambio, la empresa es omnipotente y puede actuar como le dé la gana. Sobre todo, si cuenta con el apoyo del partido que gobierna, como es el caso de IMQ y el PNV en la CAV. Que el poder político y económico actúan unidos para vigilar que sus intereses y su sistema no se tambaleen es, en lenguaje coloquial, cosa muy sabida. Si nos tomamos la molestia de consultar la hemeroteca, encontraremos a altos cargos de la CEOE presumiendo de «controlar los tribunales superiores». No son ellos, son las consecuencias de esa soberbia, las que no se publicitan y permanecen a ras de suelo en la lucha por sobrevivir. Se acerca el 8 de marzo y el movimiento feminista se prepara para tomar las calles. Me vuelvo a preguntar si en ese grito de transversalidad y modernidad en que se mueve el feminismo quedará un lugar para las «miles de rosas rojas que, como las trabajadoras de IMQ, se quedan invisibilizadas en los entresuelos de los techos de cristal».