El Parlamento de Gasteiz aprobó ayer la propuesta de Elkarrekin Podemos-IU para instar «a las Cortes Generales a que suspendan de manera inmediata la prestación económica mensual que recibe Ricardo García Damborenea, ya que supone un ataque contra la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo». El diputado fue condenado a 7 años de cárcel por el secuestro de Segundo Marey, aunque solo cumplió dos meses de cárcel gracias al indulto del PP.

Tan solo EH Bildu votó a favor. Pero fue suficiente gracias a que el PNV se abstuvo. Vox, PP+Cs y PSE lo rechazaron.

En todo caso, hay que constatar que tanto PNV como EH Bildu criticaron que además de llevar esta propuesta al Parlamento de Gasteiz, Unidas Podamos no haya sido más proactiva en el Congreso de los Diputados. Tres diputados han presentado un «escrito de trámite» ante la Mesa de las Cortes, pero esto no se ha concretado más ni se ha pedido la reunión de dicha mesa conjunta.

Josu Estarrona, de EH Bildu, apuntó que si no van más allá en Madrid daría la impresión de que EP-IU solo pretende dar un golpe de efecto, pero que pese a ello votarían a favor. Iñigo Iturrate, del PNV, anunció la abstención, entre otras cosas porque su grupo no aceptaría que otra institución «nos dijera al Parlamento lo que debemos hacer». Fue más duro al finalizar irónicamente pidiendo al tribunal de cuentas que los gastos de la sesión plenaria se imputaran a la campaña electoral de la coalición morada

«No es un derecho»

Vox, PP-Cs y hasta el PSE criticaron que Elkarrekin Podemos-IU no utilice la misma vara de medir con otros expresos y defendieron que no se puede privar a nadie de un derecho por haber sido condenado. Miren Gallastegi, del PSE, llegó a acusar al grupo proponente de defender «la pena de muerte civil» y el parlamentario del PP+Cs Luis Ignacio Gordillo habló de «venganza».

La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU respondió que esta pensión no es un derecho sino una decisión política que además debería ser justificada. Subrayó que «no estamos hablando de quitar un derecho a nadie, sino de que un terrorista de Estado esté cobrando del Estado cuando no cumple siquiera el requisito para recibir ese dinero».

Sostuvo que «habida cuenta de la participación de este hombre en el terrorismo de Estado, esta prestación supone una humillación para las víctimas».