La prolífica producción editorial de Pablo Carmona Pascual eclipsa su trayectoria política. Fue concejal de Madrid en los cuatro años de Manuela Carmena en el grupo Ahora Madrid, antes de que la lábil suma de escaños de las derechas echara a la histórica dirigente. Autor de “La democracia de propietarios” (Editorial Traficantes de sueños, 2022), es una de las voces más consultadas cuando se analiza, desde una perspectiva transformadora y de izquierdas, el mapa de la vivienda en el Estado español.

Usted pide un control efectivo de los alquileres para evitar otro momento dramático de desahucios. ¿A qué se refiere con efectivo?

Normalmente cuando se habla de control de alquiler se habla de dos cosas a la vez. Una línea cercana a lo que propone Podemos o la ley catalana de alquileres, que es la moderación de los precios de mercado; y también una segunda línea que es la que propone el movimiento de vivienda, el control público de los precios no en torno a los precios de mercado sino en torno a lo que las familias están ingresando. O sea, la renta media de un territorio o una ciudad determinada y que se ajusten los precios de alquiler a los ingresos reales de la población; eso, teniendo en cuenta tanto el gasto de mensualidad de alquiler como los gastos de los suministros, el gas, la luz, el agua… Esto en pocas palabras significa hundir los precios del mercado de alquiler, que el Estado haga que se hundan.

Ha dicho en una entrevista que los mercados podrían, si lo desearan, hacer estallar una crisis de deuda otra vez, y que lo frenan por interés político. ¿Cómo es eso?

Las crisis son siempre crisis políticas sobre la forma de gobierno y gestión de los territorios. Generalmente se venden como un hecho meteorológico. Como diría Clausewitz, la guerra es la política por otros medios y la crisis también es política por otros medios. No son algo meteorológico, hay gobierno a través de las crisis. La de la deuda fue una forma de gobernar, doblegando estados con condicionantes.

Y hoy está volviendo a pasar con la inflación. La economía sigue estando en manos de esos mercados financieros, que una de las cosas que pueden hacer es lo de apretar el botón de la deuda pública y de algún modo hacer saltar por los aires los presupuestos. Igual que en la fase de pandemia se decidió acudir a un momento expansivo, se puede caminar a un momento de recesión por la austeridad. Ahora el beneficio se concentra en el proceso inflacionario. Con la subida del euríbor lo estamos viendo: un retorno de beneficios al mercado financiero desorbitado.

Igualmente, hay una diferencia sustancial con respecto a la crisis de 2008 y es que los alemanes no se pueden permitir una crisis en Europa similar a la de aquel momento. Y mientras no estalle una nueva crisis hipotecaria, quienes sufren el proceso inflacionario son las rentas más bajas. El ascensor de beneficios está funcionando, el aumento de tipos de interés y la inflación tiene ese objetivo.

¿Puede entonces haber otra explosión de la burbuja de la vivienda, como en 2007?

Creo que estamos a las puertas de una nueva crisis en el ámbito de la vivienda, y nunca ha dejado de haber crisis de vivienda y burbuja. Los precios han seguido aumentando, el 70% de los desahucios ahora mismo son de alquiler; pero evidentemente con un euríbor al 3,5%, ahí está ese riesgo. Hay un 20% de familias hipotecadas con dificultad para enfrentar los pagos, esos son datos de los que informó la misma banca. Eso puede estallar. Al haber una devaluación masiva de los activos inmobiliarios, se hundiría el propio mercado y saldría de la fantasía que vive en metros cuadrados.

Hay una tensión… hace año y medio veíamos al BCE capitaneado por Lagarde y del otro lado a Luis de Guindos, representando como siempre a los fondos de inversión y Blackstone, sobre qué hacer con los tipos de interés. Lagarde era partidaria de una política de contención de tipos, pero con la llegada de la inflación y la intervención de los halcones alemanes en el BCE se dio la vuelta a la tortilla. Hace dos años estábamos en negativo y ahora estamos en 3,3 y la previsión de seguir subiendo.

Si la decisión pasa por hacer estallar una crisis de deuda, seguirán subiendo tipos y habrá alguna crisis de impago hipotecario, y ese es el debate que está ahora. El BCE está pensando si moderar las subidas de tipos porque ve el horizonte de impago, que es un riesgo para la solvencia. Esto que sucede en España creo que no sucede en casi ningún otro sitio de Europa, me refiero a la importancia que tiene la propiedad inmobiliaria y el sistema hipotecario. Creo que no hay caso igual.

Uno de los subtítulos de su libro habla de «rentismo popular». ¿Qué es?

Intentamos buscar algo de lo que no se suele hablar mucho. Tras la crisis, a partir de 2013 a parte de la población se la excluye del mercado hipotecario. Ese nuevo sistema de alquileres se había caracterizado por que los grandes fondos de inversión habían hecho la intervención en el mercado de alquiler y eran los caseros de muchas familias.

En el libro investigamos que eso no era exactamente así. Los fondos, sus gestoras, tienen un papel importante en ese mercado del alquiler residencial, pero no superan más del 15% del mercado. Si no son la gran banca y los fondos, ¿quiénes son? Propietarios particulares, que tienen tres, cinco o hasta diez viviendas que dedican al alquiler. Y durante la crisis, igual que pasó con los bancos y fondos de inversión, aprovecharon la bajada de precios y se hicieron con viviendas para ponerlas en el mercado. Son el 85% de los propietarios y eso tiene consecuencias políticas.

¿Como cuáles?

Lo que venimos a intentar demostrar, o al menos a poner el debate sobre la mesa, es que realmente lo que tenemos enfrente no es tanto la lucha del 1% de los caseros frente al 99% de los inquilinos, sino una amplia capa de clases medias que todavía gestionan sus balances a través de un mecanismo de ahorro básico como es la vivienda.

Utilizado como método de sostén, ese rentismo popular y su socialización hace que buena parte de los partidos políticos sean reticentes a llevar a cabo cambios profundos en materia de vivienda y a poner un control efectivo de precios de alquiler, porque afectaría a amplias capas de la población. Entre un 14% o 15% de la población declara tener ingresos por alquiler; son casi siete millones de ciudadanos. Hay también un rentismo popular más pasivo, que no alquila vivienda pero en su contabilidad mental cuenta con ese valor inmobiliario, sea la herencia del abuelo o el piso de tus padres en la playa. El valor inmobiliario es el verdadero nicho de ahorro e inversión no salarial fundamental de las clases medias y las clases medias altas.

Visto así, parecería que hay poca solución posible...

Desde luego que hay que apuntar a los sistemas de redistribución de renta, que los salarios sean dignos, que haya una renta básica universal, que haya sistemas sanitarios públicos con cobertura al 100% y cuidar sectores estratégicos como la vivienda. El parque de vivienda que necesitamos no hace falta construirlo, ya está construido.

Ahí entra la contradicción fundamental. La mejor política de vivienda hoy es la que ataca a la propiedad privada y eso tiene enormes consecuencias políticas, sobre todo si no es la de los fondos y la banca sino la de propietarios particulares.

Hay un problema enorme: si las rentas salariales están cayendo y van a seguir cayendo, y por lo tanto la propiedad de viviendas será el clavo ardiendo al que se agarren muchas familias, la propiedad será un campo de batalla que la derecha ha sabido ver siempre muy claro. Por eso la campaña sistemática sobre la okupación tiene un objetivo de generar una posición política en torno a la idea de la defensa de la propiedad.

Cualquiera que analice la campaña antiokupas verá que tiene un punto delirante, comprado por la prensa mainstream prosistema. Es un terreno en disputa y por eso elegimos «la democracia de propietarios» como título, tomado de una frase de Margaret Thatcher, que dijo que había que cuidarlos porque eran la base de las ideas conservadoras. El problema de la vivienda en España es que hay que poner en cuestión el derecho absoluto de la propiedad privada.

Cuando lean «atacar la propiedad privada», algunos se van a irritar. Pónganos un ejemplo.

Significa que cuando tengas una vivienda de 75 metros cuadrados en un barrio en el que la renta media es de 1.500 euros no vas a poder alquilarla por más de 300. Es decir, que tenga precios que son asumibles y no arruinan a la familia que lo alquila. Además, existen medidas fiscales contra la vivienda vacía que no se vienen aplicando.

También serviría un impuesto bancario para congelar las subidas del euríbor. El último censo de viviendas vacías, por ejemplo, es de 2011; se ha dejado de contabilizar y registrar. Un gobierno progresista, entre comillas, debería acelerar los procesos estadísticos que permitan conocer cuánta vivienda vacía hay. El Gobierno sí ha regulado lo que es una vivienda vacía y a partir de ahí los ayuntamientos podrían actuar, pero si no tienen el conocimiento, si las comunidades autónomas no se ponen a mapear cuántos cientos de miles están vacías, no se puede trabajar.

¿Qué opina de la Ley de Vivienda del Gobierno español y el camino que va teniendo?

El camino que ha tenido ha sido de rebaja tras rebaja y parcheo tras parcheo. Todo se ha ido resumiendo en unos pocos puntos, y el último ha sido finalmente el punto de control de los alquileres y ni siquiera como lo planteaba el movimiento de viviendas, que es la necesidad de que los precios de alquiler concuerden con los salarios de los que alquilan. Creo que acabará con una aprobación descafeinada con la trampa de una moratoria de seis meses. Es decir, que la ley no entrará en vigor en esta legislatura.