La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, insistió ayer en que la sentencia dictada por el Tribunal Supremo contra Alfredo de Miguel, exburukide condenado a 12 años y cuatro meses de prisión por corrupción, «no se considera firme por parte de los servicios jurídicos del Departamento de Gobernanza».

Según indicó ante la Comisión de Desarrollo Económico e Innovación del Parlamento de Gasteiz, la sentencia, dictada en enero, «no ha sido notificada ni a los acusados ni al propio Gobierno Vasco», por lo que De Miguel continúa trabajando en la fundación Hazi.

«La fundación ha requerido al señor De Miguel que comunique oficialmente la sentencia en el mismo momento en que la reciba. Y tan pronto como recibamos esa comunicación, la fundación Hazi actuará en consecuencia con la máxima premura», manifestó tras afirmar que De Miguel no ostenta cargo de gerente.

Detalló que el exdiputado ocupa la «secretaría técnica» de Itsas Garapen Elkartea, y recibe más de 57.000 euros anuales a cambio de unas funciones que se asemejan a las responsabilidades propias de un director, a tenor de las explicaciones dadas por la propia consejera.

Aseveró que el puesto «conlleva, entre otras tareas, colaborar en la definición de las funciones y las responsabilidades de sus miembros, así como el diseño de la estrategia, la metodología de trabajo para la elaboración de los planes anuales y el desarrollo de las acciones contempladas en el mismo».

«Además debe captar proyectos y promotores, monitorizar emprendedores y liderar y coordinar las acciones de desarrollo y proyectos», añadió tras incidir en que De Miguel ocupa «de forma temporal» el puesto de Koldo Goitia, que solicitó una excedencia tras ser elegido alcalde de Lekeitio en 2015.

Críticas de la oposición

Las explicaciones de la consejera no convencieron a la oposición. Los grupos censuraron la demora de Lakua, que ha tardado 53 días en solicitar la sentencia al juzgado, tal como publicó ayer el grupo Vocento.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU David Soto, quien pidió la comparecencia, consideró que si el despido no era posible, se podían haber tomado otras medidas como la suspensión de sueldo, una sanción o la pérdida de categoría. «Habría sido al menos una solución estética», señaló.

Desde EH Bildu, Josu Estarrona también destacó que el Gabinete de Iñigo Urkullu «debería haber actuado desde el minuto uno». «Se hubiera puesto fin a esta agonía que tanto dinero nos está costando a los vascos», subrayó.

Carmelo Barrio, del PP, cuestionó el criterio de los servicios jurídicos sobre la firmeza de la sentencia. «El jurista que le ha dicho eso habrá suspendido primero de derecho procesal», ironizó, y advirtió de que «da una sensación sospechosa de defensa a ultranza de esta persona».