En dos días, dos personas y casi una tercera mueren por motivos no naturales en las cárceles vascas. ¿Qué ocurre, qué hay tras estas muertes y quiénes son los responsables? Los partidos mayoritarios en el Parlamento vasco aprobaron la transferencia de las cárceles. Y se ha producido lo previsible: se reproduce el mismo modelo de control policial, penal y carcelario del Estado, que criminaliza la pobreza, la migración y a la juventud marginada. La transferencia penitenciaria beneficia sobre todo a la burguesía vasca que ostenta la hegemonía política, lucrándose con el negocio de encarcelar, instaurando una reacción selectiva frente al delito tolerante con los delitos de los poderosos y evitando desarrollar una política criminal destinada a perseguir y sancionar a los delincuentes de cuello blanco.

Este ensañamiento con la juventud, con la pobreza y la migración, características sociológicas de quienes «aparecen muertos» en las cárceles son el resultado de dos cuestiones. Por una cultura jurídica basada en la fe en el castigo y la venganza, protagonizada por la judicatura y por quienes han liderado el proceso de transferencias. Por una política de abandono y de «funcionamiento oscuro» por decirlo con suavidad, que convierte las prisiones en una bomba de relojería donde las drogodependencias, los ajustes de cuentas, la desidia y la desesperación, reinan en una población encarcelada que lo que necesita es atención sociosanitaria para al menos paliar los efectos de las enfermedades físicas y psicológicas que el encierro agudiza y cronifica.

Cuestiones como el suicidio de jóvenes en prisión, por desgracia tan habituales, no son sino la aplicación extrajudicial de la pena de muerte. Garantizar el derecho a la vida en las cárceles es responsabilidad exclusiva de la administración. Si en lugar de vender papel mojado hablando de un «nuevo modelo vasco de ejecución penal» inexistente, hubieran escuchado a quienes acompañamos, denunciamos y proponemos alternativas al encarcelamiento, posiblemente hoy estarían vivos.