Dabid LAZKANOITURBURU
REFORMA JUDICIAL EN ISRAEL

Netanyahu busca su supervivencia a costa de la deriva total de Israel

El primer ministro de Israel ha reculado y congelado su reforma judicial ante la presión de la calle y del Estado profundo, personificado en el Ejército, en la Presidencia y en la Judicatura. Unos jueces, sobre todo del Supremo, a los que, rehén de los ultrasionistas y ortodoxos, Netanyahu tiene que domar para proseguir con la deriva a la que aboca al Estado sionista y para evitar la cárcel por corrupción.

(Leonardo MUNOZ | AFP)

La crisis política por la reforma judicial en Israel evidencia, de fondo, la deriva a la que los sucesivos Gobiernos de Netanyahu están abocando al Estado sionista.

Reflejan, en la forma, la tensión entre los poderes, Ejecutivo-Legislativo versus Judicial, y que no es un fenómeno exclusivo de Israel. Al contrario, esa pugna es intrínseca al modelo de democracia representativa y se está registrando no solo en países con Ejecutivos iliberales como los de Polonia y Hungría, sino incluso en el Estado español, gobernado por una coalición progresista.

Y no solo en Europa. Al otro lado del Atlántico, uno de los puntales de la estrategia de la derecha, vieja y nueva, estadounidense, pasa por copar el Supremo de jueces conservadores. Los lawfare (guerra judicial) que, so pretexto de corrupción, sacan del poder con golpes de Estado blandos a Gobiernos de izquierda o progresistas son la versión latinoamericana de esa pugna.

La destitución del ministro de Defensa y dirigente del gubernamental Likud, Yoav Gallant, después de que pidiera públicamente la retirada de la polémica reforma no solo sacó a la calle a cientos de miles de personas, sino que reflejó el malestar del Ejército israelí (Tshahal), uno de los puntales del Estado. Todo ello, junto con el riesgo de un conflicto abierto tras las primeras contramanifestaciones de apoyo a la reforma, llevó a Netanyahu a seguir, 24 horas después, el consejo del cesado y congelar el proyecto. De momento.

LOS DEFENSORES DEL ESTADO PROFUNDO

han puesto pie en pared ante el intento de Netanyahu, y de sus aliados ultrasionistas y ortodoxos, de acabar con el último puntal que queda para defender los restos de lo que una vez fueron los cimientos de la construcción estatal israelí: la Judicatura.

Con el movimiento de los kibutz (granjas colectivas de orientación marxista) prácticamente relegado a los libros de historia y con el no menos histórico laborismo sionista casi totalmente desaparecido del mapa político, la derecha israelí, cada vez más alineada con esa corriente que ejemplifican Trump, Putin, el polaco Kaczynski y el húngaro Orban, entre otros, busca acabar con los últimos vestigios del sionismo histórico: el laicismo.

CADA VEZ MÁS ESCORADO HACIA LA CORRIENTE HISTÓRICAMENTE MINORITARIA DEL SIONISMO RELIGIOSO,

el Likud de Netanyahu combina, asimismo, un objetivo táctico: apuntalar su alianza con los partidos ortodoxos con cesiones en materia educativa y exención para hacer el servicio militar, un ataque simbólico al Ejército israelí.

Ese mismo tacticismo, mezclado con el desprecio más absoluto al pueblo palestino, le lleva también a desdeñar cualquier resto de mala conciencia que le quede al establishment israelí sobre el apartheid y la ocupación y a defender la expansión sin freno alguno de las colonias judías en Judea y Samaria, léase Cisjordania, para solaz de sus aliados ultrasionistas, llegados en su día de la URSS y que conforman la punta de lanza de la ocupación del poco territorio que les queda a los palestinos.

Netanyahu y los suyos aducen que, sobre todo, el Tribunal Supremo cuenta con unas competencias y una capacidad para condicionar al Gobierno (Ejecutivo) y al Parlamento (Knesset, Legislativo) que lo convierten a la postre en un actor político decisivo.

La propuesta de reforma, o regresión, judicial es absolutamente grosera cuando faculta al Gobierno a anular sentencias del Supremo desfavorables por mayoría simple, cuando le niega la facultad de cuestionar decisiones irracionales o cuando rechaza la asesoría legal independiente en los ministerios.

MÁS COMPLEJIDAD TIENEN LA PUESTA EN TELA DE JUICIO

de la potestad del Supremo para, con una simple mayoría simple, tumbar leyes básicas, o cuando la mayoría gubernamental reivindica en la reforma hacerla valer en el nombramiento de los jueces. Cabe recordar que es la misma reivindicación, en nombre de la legitimidad del poder que emana de la voluntad popular, del Gobierno PSOE-Podemos para renovar los bloqueados altos órganos judiciales.

La coalición aduce, asimismo, el corporativismo «tardo-franquista» frente a un PP que le acusa de politizar la Justicia con la manida distinción semántica entre jueces «progresistas» y «conservadores».

Este último argumento podría ser debatible si la derecha española lo hubiera aplicado cuando su mayoría parlamentaria le facultó para tener preferencia a la hora de renovar el poder judicial. No lo hizo.

Similar falta de legitimidad tiene Netanyahu cuando apela al excesivo poder de los jueces pero lo que realmente busca con su reforma es no solo derechizar aún más al Estado de Israel, sino, objetivo mucho más espureo, evitar con ello el mismo destino que deparó a su predecesor Ehud Olmert: la cárcel por corrupción.

POSDATA:

la discriminación de los palestinos no entra en la ecuación, como atestigua la nube de banderas israelíes, salpicada por alguna reivindicación propalestina, vista con recelo por los manifestantes.