Por ley, el Departamento de Gobernanza Pública, que dirige Olatz Garamendi, tiene entre sus obligaciones «el impulso, dirección y coordinación de la innovación pública, en especial, (...) de la transparencia, de la participación ciudadana y del buen gobierno en la acción pública y de la evaluación de políticas públicas».

Sin embargo, la propia Garamendi se ha convertido en un muro infranqueable para que el Parlamento pueda conocer cuestiones de relevancia política sobre el funcionamiento y decisiones de la Comisión Ética, en asuntos que afectan directamente a la consejera y a miembros de su equipo en el Departamento, o a parlamentarios cuyo anonimato no ha sido respetado por la citada Comisión Ética.

LA BENDICIÓN A JON DARPÓN

En 2021, la Comisión de Ética Pública tuvo que analizar un caso de puerta giratoria: la del exconsejero de Salud Jon Darpón; su viceconsejera, Fátima Ansotegi, y la subdirectora de Calidad Asistencial, Mayte Bacigalupe. Los tres recalaron en el grupo Keralty, multinacional liderada por el empresario Joseba Grajales, algunas de cuyas compañías participadas habían tenido pública relación con la Consejería de Darpón.

La Comisión Ética encontró un razonamiento para quitarse de en medio cuando le pidieron que fijara posición sobre el tema. Determinó que no podía decir nada sobre Darpón o Ansotegi, porque en ese momento ya no eran cargos públicos. En el caso de la subdirectora, apuntó que en ningún caso fue un cargo sometido al Código Ético.

Pero en esa resolución, adoptada «por unanimidad» había dos detalles interesantes. Por un lado, la firma no la presidenta de la Comisión, Olatz Garamendi, sino de la consejera Arantxa Tapia, aludiendo al artículo 16.8.1 del Código Ético que viene a señalar que Garamendi tenía algún tipo de incompatibilidad para suscribir el acuerdo.

Y, por otro, que de la Comisión Ética formaba parte José María Armentia, actual viceconsejero de Función Pública y que entre 2013 y 2017 fue director de la División Corporativa de Recursos Humanos de Osakidetza. Esto supone que coincidió, conoció y trabajó con las personas por las que se preguntaba en esa consulta.

DOS PREGUNTAS Y TODO SECRETO

Ante esto, el parlamentario Josu Estarrona, de EH Bildu, preguntó a la consejera por qué no firmó ese acuerdo de la Comisión y si el viceconsejero que había trabajado para Darpón participó en los debates y la resolución de la Comisión Ética. Parecen dos peticiones de información congruentes con la labor de control que tienen las y los parlamentarios.

Sin embargo, la respuesta de la consejera encargada de la transparencia es que «respecto a las sustituciones o inhibiciones en las decisiones adoptadas por la Comisión de Ética Pública, se aplican los supuestos recogidos en el artículo 16.8 que usted menciona en la iniciativa, valorando si concurre alguna de las causas previstas en el Código Ético».

Y, con un tono que quien esto lea valorará, cierra el tema espetando al parlamentario que «le vuelvo a recordar que las personas miembros de la Comisión Ética tenemos obligación de guardar secreto sobre los asuntos tratados en el seno de la misma, y no le puedo ofrecer detalles sobre las investigaciones, deliberaciones, consideraciones o decisiones adoptadas, más allá de lo estrictamente publicado en las resoluciones».

Se entiende que los miembros de la Comisión Ética no den cuenta publica de sus deliberaciones, pero es más difícil de comprender que se niegue al Parlamento información sobre datos que no afectan a la decisión, pero sí a la actuación de altos cargos del Gobierno.

«EL ANONIMATO YA SE TRATÓ»

Por otra parte, como se recordará, el parlamentario de EH Bildu Unai Fernández de Betoño trasladó una denuncia a la Comisión Ética sobre la actividad de un alto cargo en una empresa en la que participó con anterioridad y por la que fue reprendido, y la abogada de ese director le amenazó por correo electrónico en un mensaje que, para más inri, tenía en copia a la consejera.

Desde entontes, y en repetidas ocasiones, EH Bildu ha tratado de saber si la Comisión Ética garantiza el anonimato de quienes le formulan consultas o le trasladan informaciones, y cómo puede ser que los datos de su parlamentario llegaran a la abogada del denunciado hasta el punto de que ésta le enviara un correo electrónico.

Hasta la fecha, la consejera Olatz Garamendi se había remitido a lo que dice la ley, sin ofrecer más explicaciones. Y en la última pregunta, su respuesta ha sido que «en lo que se refiere a la cuestión del anonimato, le recuerdo, como ya le respondí en el Pleno de Control de 17 de marzo del presente año, es un asunto que ya se ha tratado en el seno de la Comisión y la posición es clara».

El problema es que nadie fuera de esa Comisión sabe cuál es esa «posición clara» puesto que no se ha dado cuenta de ella. La consejera respondió al parlamentario con un «finalmente, volver a trasladarle que los acuerdos de la Comisión de Ética Pública tienen carácter de públicos, están accesibles en la página web habilitada al efecto».

En dicha web hay tres acuerdos de este año, los dos últimos están repetidos, y ninguno recoge esta cuestión del anonimato.

Por ello, parlamentarios de la oposición están entendiendo que Garamendi en lugar de la consejera de transparencia es la encargada de las cortinas de humo en asuntos espinosos para la Comisión.

Un choque entre la Mesa y la consejera desampara a los parlamentarios

EH Bildu remitió hace unas semanas un escrito a la Mesa de la Cámara que preside Bakartxo Tejeria para que respaldara al parlamentario Unai Fernández de Betoño y denunciara que en la Comisión de Ética se vulneró su anonimato y fue luego amenazado por la abogada de un alto cargo sancionado. Pero PNV y PSE, con su mayoría en el órgano, denegaron dicho amparo al representante independentista alegando que no presentó la denuncia como parlamentario.

Ante esta situación, la portavoz del grupo, Maddalen Iriarte, volvió a pedir a la Mesa de la Cámara que aclarara cuál es la vía para que un parlamentario o parlamentaria se dirija a la Comisión Ética con el respaldo de la Cámara autonómica.

Según fuentes consultadas por este medio, en la reunión del pasado 4 de abril, la Mesa del Parlamento sostuvo que el conducto oficial es el de la presentación de preguntas o solicitudes de documentación.

Ante ello, se hizo partícipe a la Mesa de una respuesta del 27 de marzo de la consejera Olatz Garamendi al parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU David Soto en la que le reprende diciendo que «en respuesta a su iniciativa, le traslado que una iniciativa parlamentaria no responde a ninguna de las vías oficiales previstas para elevar consulta a la Comisión de Ética Pública».

Y le explica que, «en este sentido, las consultas o denuncias a la Comisión de Ética Pública se realizan a través del correo electrónico de la misma o por correo ordinario dirigido a la Comisión».

Esa fue, precisamente, la vía empleada por Unai Fernández de Betoño. Pero para no dar su brazo a torcer, la Mesa insistió en que diga lo que diga la consejera, las consultas a la Comisión Ética deben hacerse a través de «iniciativas parlamentarias» que la presidenta de la Comisión no acepta.

Esto hace que si un parlamentario formula una consulta por la vía que determina la Comisión Ética, la Cámara no protege sus derechos como parlamentario, mientras que si opta por lo que fija la Mesa del Parlamento se encontrará con que la Comisión no le responde. Lo que encaja con la opacidad que Lakua está alimentando en esta materia.I. IRIONDO