Cinco organizaciones no gubernamentales que trabajan al lado de las personas migrantes, entre las que destacan La Cimade o France Terre d'Asile, publicaron, con fecha de 26 de abril, un nuevo informe sobre la retención de extranjeros en el Estado francés.

Una de las presentaciones de ese trabajo de información y sensibilización tuvo lugar en Baiona, ya que Ipar Euskal Herria alberga uno de esos Centros de Retención Administrativa (CRA) cuyo día a día se conjuga con «opacidad» y «ausencia de garantías», según constatan los voluntarios.

En concreto, el informe recoge que 261 personas fueron recluidas en 2022 en el CRA anexo a la comisaría de Policía de Hendaia. Un 52% de ellas (105) fueron puestas posteriormente en libertad en el marco de un procedimiento judicial; un 3,5% (7) fue objeto de un procedimiento de asignación de residencia y, finalmente, un 37,1% (75) fueron expulsadas del Estado francés.

El número de retenciones de personas migrantes practicadas durante el año pasado en el Estado francés aumentó en un 8,3% con respecto al ejercicio precedente.

Un 44,6% de esas personas fueron expulsadas sin dar tiempo a dirimir su recurso administrativo, mientras que un 38% de esos ciudadanos fueron puestos en libertad por un juez. No deja de ser significativo que en el 93% de los casos esa decisión judicial se adoptara tras demostrarse «irregularidades en los expedientes administrativos».

El informe estima en 43.565 las personas que pasaron a lo largo del año pasado por alguno de los 25 centros de retención existentes en el Estado francés, una cifra superior a las 42.353 que fueron encerradas en 2021, pero lejana al récord de 53.273 retenciones que se registró en 2019.

COLONIAS CARCELARIAS

La mayor parte de esas personas (27.643) estuvieron internadas en los centros que hay en los llamados «territorios franceses de ultramar», y en particular en la isla de Mayotte, territorio bajo administración francesa en el Océano Índico, que concentró 26.020 de los expedientes de retención constatados por las ONG que han presentado el informe. La situación de la isla está precisamente de actualidad estos días tras la decisión de la Justicia francesa de interrumpir «in extremis» una vasta operación policial anunciada por París para proceder al desalojo de miles de personas que viven en barrios de chabolas, en Mayotte, en su mayoría procedentes del cercano archipiélago de las Comores.

SE RETRASA LA LEY DARMANIN.

La publicación del informe coincidía con una comparecencia de la primera ministra gala, Élisabeth Borne, para exponer la serie de reformas en las que trabaja su Gobierno.

Borne anunció que descarta, de momento, abordar la tramitación de la nueva «ley de asilo e inmigración», al no contar con mayoría para sacar el texto en el Parlamento sin tener que recurrir al artículo 49.3, del que se sirvió en la reforma de pensiones.

No obstante, Emmanuel Macron ha expresado en varias ocasiones su intención de que el nuevo proyecto vea la luz antes de que finalice este 2023, por lo que todo hace pensar que esa tramitación se abordará en otoño.

Precisamente, en el informe sobre los centros de retención, las organizaciones no gubernamentales escriben que, a consecuencia de las sucesivas leyes aprobadas en el Estado francés, los periodos de retención que se imponen a las personas extranjeras que son detenidas por no disponer de «papeles» son más largos, y eso pese a que las perspectivas de expulsión son en ocasiones «entre débiles y nulas».

De media, el pasado año esas personas retenidas en centros administrativos pasaron 23 días encerradas.

En 2013 el periodo de retención era de siete días prorrogable a tres más. Un total de diez días como máximo frente al periodo de noventa días fijado por la última ley anti migración, adoptada en 2018, gracias a la mayoría absoluta de Macron.

Otro factor a tener en cuenta es el constante aumento del número de personas que, al salir de prisión, recala en uno de estos centros de retención. Fue el caso del 46,9% de los ingresos que se produjeron en 2022 en el Centro de Retención Administrativa de Hendaia.

Las asociaciones aluden a una cadena de encierro que asienta en el imaginario la relación entre migración y «amenaza al orden público».

Migranteentzako Psikologo Sarea

Zehar-Errefuxiatuekin eta Bizkaiko Psikologia Elkargoak (BPE) lankidetza hitzarmena sinatu dute, Psikologoen Sarea laguntza psikologikoko zerbitzua garatzeko. Zerbitzu horren xedea izango da laguntza psikologikoa eskaintzea zaurgarritasun egoeran dauden edo arreta espezializatua behar duten errefuxiatu, migrante eta aberrigabeei. BPEren egoitzan sinatu dute akordioa, Ainhoa Eguren BPEko gerenteak eta Arantza Chacon Ormazabal Zehar-Errefuxiatuekin elkarteko zuzendariak. Hitzarmenaren bidez, Zehar-Errefuxiatuekin-ek konpromisoa hartu du psikologiako profesionalei formakuntza emateko babes eta asilo arloan, ikuspegi feminista, intersekzionala eta kulturartekoa erabiliz. Sarean izena eman nahi duten profesionalei kasuak bideratuko dizkiete eta arreta prozesuan zehar laguntza eskainiko diete.GARA