La plataforma Zaldibar Argitu ha dado a conocer que la instrucción de la segunda causa judicial abierta por el desastre del vertedero de Zaldibar, cuyo derrumbe costó la vida a los trabajadores Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán el 6 de febrero de 2020, ha sido prorrogada otros seis meses. Se extenderá al menos hasta diciembre de este año, con lo que acumulará ya más de tres años desde su apertura en noviembre de 2020.

En el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Durango se constata que ya hay trece personas en condición de «investigadas» por estos hechos. La causa indaga en el delito medioambiental producido, después de que la primera, centrada en el accidente laboral, concluyera con un acuerdo de tres responsables de la empresa Verter Recycling con las familias de las víctimas y la Fiscalía por el que asumieron una pena de seis meses de cárcel por «homicidio imprudente».

Entre estas trece personas investigadas destacan las tres responsables de Verter que ya fueron condenadas en el anterior proceso: el dueño de la empresa propietaria del vertedero, José Ignacio Barinaga; la gerente, María Arrate Bilbao; y el ingeniero jefe, Juan Elosegui Etxeberria. Pero están imputados también, según habían avanzado informaciones de diversos medios de comunicación y se constata en la resolución judicial, tres técnicos de la Administración de Lakua, dos geólogos de la consulta Lurtek y cinco técnicos de la ingeniería Geyser.

En la instrucción se trata de determinar por qué Geyser avaló determinados cambios en el proyecto del vertedero respecto a lo aprobado inicialmente; si Lurtek cometió irregularidades en los informes sobre estabilidad presentados apenas diecisiete días antes de registrarse el derrumbe; y si los técnicos del Gobierno de Lakua pudieron incurrir en «prevaricación».

«SUELO INADECUADO PARA NUEVAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS»

En paralelo, la plataforma Zaldibar Argitu ha difundido el informe realizado por Sprilur (sociedad pública de gestión de suelo industrial del Ejecutivo autonómico) sobre si en el lugar que ocupó el vertedero existiría opción de implantar un polígono industrial.

La conclusión es negativa, y de modo tajante. Esa posición contraria contrasta con los permisos dados anteriormente a una instalación cuya ubicación en ladera se confirmó tras el deslizamiento como muy peligrosa (sumado ese factor a la sobreexplotación producida).

Sprilur indica textualmente en su informe que «la compleja situación geológica del terreno lleva aparejados problemas de estabilidad de los suelos, por lo que la ocupación del vertedero por estos nuevos usos contemplados no resulta compatible con la seguridad y la salud humana»..

¿Y LOS RESTOS DE JOAQUÍN BELTRÁN?

También apunta que «la pendiente media existente en los suelos del vertedero llevaría a un desarrollo viario complejo con un resultado escaso de suelo aprovechable, con pendientes fuertes y poco apropiadas para vehículos pesados y más aún para la movilidad peatonal o ciclable».

Le suma a todo ello que, tras los años de explotación del vertedero y el posterior derrumbe, resultaría «necesario un proceso de descontaminación importante para obtener unos suelos que garanticen la salud de las personas usuarias del polígono».

Zaldibar Argitu lamenta que entre las objeciones que Sprilur plantea a la hipótesis del polígono industrial no figure el hecho de que en el lugar siguen enterrados los restos de Joaquín Beltrán, una vez que el Gobierno de Lakua diera por suspendida definitivamentela búsqueda en mayo de 2021 sin poder hallarlos.