Urkullu ha salido a la palestra para valorar los resultados de las elecciones municipales y forales. Su tesis es la siguiente: «Las huelgas y movilizaciones han perjudicado al PNV». Hasta ahora, ha menospreciado las movilizaciones de la clase trabajadora como variable política a tener en cuenta. Se diría que se ha dado cuenta ahora de que los y las trabajadoras tenemos voz y voto en el ámbito político-institucional. En cierto modo, esta constatación nos satisface, puesto que, tal y como reivindicamos el Primero de Mayo, la clase trabajadora debe hacer valer su fuerza en todos los ámbitos: en los centros de trabajo, en la calle y en las instituciones.

Como máximo responsable de las políticas públicas que se llevan a cabo en una parte importante de nuestro país, la principal preocupación de Urkullu debería ser velar por el bienestar de la gente y preguntarse qué hay detrás del malestar de los y las trabajadoras; cuáles son sus reivindicaciones y qué puede hacer para mejorar sus condiciones laborales y de vida. Pero no está dispuesto a abordar ese tipo de preguntas.

En el bilateral que tuvimos en otoño, tras años de negativas a recibirnos, le pedimos que dejara de ser el lehendakari de la patronal. Ha hecho caso omiso. Mientras los precios se disparaban, la patronal se ha negado a subir los salarios en la misma proporción. Ante su avaricia, las y los trabajadores vascos hemos recurrido a la huelga y a la movilización. Urkullu no ha defendido nuestra capacidad adquisitiva; al contrario, ha sido compañero de la patronal en el ataque a los salarios. Han sido reiterados sus llamamientos a los y las trabajadoras para hacer «esfuerzos» y asumir un «pacto de rentas» que supondría su empobrecimiento.

Otro ejemplo: en enero de 2020 se llevó a cabo una exitosa huelga general en Euskal Herria para reclamar, entre otras medidas, un salario mínimo de 1.200 euros y una pensión mínima de 1.080. En ese sentido, el Parlamento Vasco instó recientemente al Gobierno Vasco a realizar gestiones para lograr un acuerdo interprofesional que fije el salario mínimo en la CAV. Y el movimiento de pensionistas le ha pedido reiteradamente que complete las pensiones hasta 1.080 euros. Ello mejoraría el día a día de miles de personas, son reivindicaciones justas y factibles. Sin embargo, en ambos casos Urkullu ha mirado para otro lado, ni siquiera las ha mencionado en sus comunicaciones.

Es más, se ha mostrado cada vez más agresivo respecto a los conflictos laborales, dando por buenos los mensajes de los empresarios y poniendo a la Ertzaintza al servicio de intereses patronales. Por cierto, ahora que se plantea el debate sobre el modelo policial, habría que recordar que la necesidad de revisarlo viene de lejos, aunque hasta ahora al señor lehendakari no le ha preocupado.

Este desprecio por los derechos laborales se manifiesta también en los ámbitos en los que el Gobierno de Urkullu tiene responsabilidades directas, como en el de las y los trabajadores de la administración pública, donde ha dado por buena la pérdida de poder adquisitivo. Cuando el Gobierno de Pedro Sánchez anunció una tímida reforma fiscal, el Gobierno Urkullu levantó la voz inmediatamente para defender los intereses de empresas como Iberdrola o Petronor. Cuando las medidas del Gobierno central afectan negativamente al salario de los y las empleadas públicas, da por buena la imposición estatal, como en tantas otras cuestiones.

Lo que ocurre con la política fiscal es el máximo indicador de la dependencia del Gobierno respecto a Confebask. Urkullu cierra las puertas a la reforma fiscal progresiva, a la redistribución de la riqueza. Tiene una concepción interesada y limitada del autogobierno, lo defiende solo cuando puede resultar beneficioso para una élite económica.

Su gobierno ha privatizado numerosos servicios, se ha negado a exigir cláusulas sociales a empresas subcontratadas y está empeñado en desmantelar Osakidetza ante un rechazo social masivo, como muestra el éxito de las movilizaciones de las plataformas de usuarias, así como de las huelgas convocadas por los sindicatos.

Igualmente, el ámbito de los cuidados es fuente de negocio para el PNV, de ahí su rechazo a constituir un sistema público comunitario; es el responsable de que no tengamos garantizado un cuidado digno y de que las precarias condiciones de las cuidadoras. El Gobierno de Urkullu se niega a hablar y negociar con los sindicatos, con la excepción del Departamento de Educación, que finalmente ha tenido que acceder a ello tras las huelgas y movilizaciones realizadas por la plantilla. Este último caso muestra que nuestro sindicato tiene propuestas para mejorar las condiciones laborales y, cuando encontramos una interlocución receptiva al respecto, también voluntad de acuerdos. Pero en general, esa receptividad ha brillado por su ausencia.

Así las cosas, no sorprende que numerosos trabajadores y trabajadoras hayan dado la espalda al PNV en las elecciones. Pero en vez de revisar su línea de actuación, Urkullu prefiere buscar culpables fuera de casa. Dice que no hay motivos para tanta huelga, que aquí las condiciones laborales son mejores. Eso es precisamente porque en este país hay un sindicalismo combativo fuerte, no porque tengamos políticas públicas progresistas o porque el empresariado sea más generoso. La organización y la lucha son la razón por la que las condiciones de vida son más dignas.

Pero Urkullu no termina de verlo e insinúa que detrás de las huelgas hay intereses partidistas. Podría ser mala fe, o que conoce a pocos y pocas huelguistas. En cualquier caso, el lehendakari de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa sigue estando lejos de la gente trabajadora. Y esa gente está reclamando su papel en los centros de trabajo, en las calles y en las urnas; su lugar en la transformación social y los cambios políticos. Esa es la lección que Urkullu debería aprender.