El Foro Social Permanente nació con el objetivo de impulsar el proceso de paz en Euskal Herria y de deshacer los nudos que impedían hacer frente a las consecuencias del ciclo de violencia de las últimas décadas en el país. Con ese fin, esta iniciativa ciudadana, que contó desde sus primeros pasos con apoyo internacional, hizo público el 27 de mayo de 2013 un documento con doce recomendaciones que venían a poner letra pequeña al marco general de la Declaración de Aiete. El objetivo era que el proceso siguiera avanzando.

GARA ofreció una amplia información de aquellos «doce raíles» puestos por Lokarri y Bake Bidea, que partían de la necesidad de alcanzar consensos básicos para abordar los principales retos de un proceso de paz integral. Buscaban avanzar en cuatro ejes, los más bloqueados: diseñar y culminar un proceso de desmantelamiento y desarme controlado y con organismos facilitadores independientes; facilitar la integración de las personas presas y huidas, modificando los aspectos que vulneran sus derechos y requiriéndoles un compromiso con el nuevo escenario de paz, así como «su renuncia a vías violentas» y «reconocimiento del daño causado»; promover reformas legislativas para garantizar los derechos humanos de todas las personas, incluyendo la redimensión del número y las funciones de las FSE y el refuerzo de sus «mecanismos de control por parte de instituciones y sociedad civil»; y preservar la verdad y la memoria para afrontar el pasado con honestidad y establecer las bases para la convivencia futura.

Era una propuesta dirigida a instituciones, partidos y otros agentes para buscar la forma de implementar las medidas concretas y poner fin al inmovilismo estatal. Como recogía el editorial de GARA del 28 de mayo de 2013, las conclusiones del primer Foro Social buscaban desbloquear la situación política, «hacer que todo empiece a moverse en la dirección correcta». Es decir, «partiendo de este abanico de propuestas, (…) dar forma a una estrategia resolutiva, hacer posible nuevos consensos y materializar lo expuesto en hechos». Y concluía el editorial señalando que «le tocará seguir remando a quien aspira a conducir a este pueblo a buen puerto, sin importarle lo que hagan quienes solo buscan hundirlo».

En una entrevista con GARA, un mes antes de la despedida del Foro Social, una de sus caras visibles, Agus Hernán, señalaba que once de las doce recomendaciones se habían cumplido o estaban maduras para materializarse, y que las cuestiones pendientes de resolución -presos, memoria o discriminación de las víctimas del Estado- debían afrontarse con «nuevos instrumentos».

«EXILIADOS» DE ETA

Un año antes de que se conocieran las recomendaciones del Foro Social para avanzar en materia de paz y convivencia, también el 27 de mayo, pero de 2012, GARA daba a conocer las maniobras del Ministerio de Interior español para modificar el censo electoral vasco, de forma que quienes decían haber abandonado el país por la amenaza de la violencia de ETA pudieran votar y alterar, así, la correlación de fuerzas. Era una iniciativa de dudoso encaje legal, una treta en la que Antonio Basagoiti, entonces líder del PP en la CAV, puso todo su empeño.

El número de personas calificadas como «exiliadas» fue una de las principales incógnitas. El PP las cifraba en más de 300.000; el Foro de Ermua rebajaba el número a 200.000; y el Gobierno de Lakua, a 100.000. Desde Zaitu, que agrupaba a «amenazados por ETA», se reducía aún más la cifra de quienes podrían acreditar lo que fijara la ley a tan solo medio centenar.

El tema tuvo aún recorrido, pues el 7 de junio la ponencia encargada por Interior proponía que toda persona que en el pasado hubiera residido en Hego Euskal Herria -bastaba con haber estado censado- podría inscribirse para votar, sin que ni siquiera fuera necesario ser un «exiliado» amenazado por ETA.

Según el INE, cada año unas 20.000 personas se marchaban a vivir fuera de Hego Euskal Herria -más en los años de las reconversiones y la desindustrialización-, con lo que el volumen podría haber sido gigantesco y haber alterado de manera determinante el resultado electoral.

Además, aquella propuesta preveía un control ideológico de quienes pudieran pedir votar en Hego Euskal Herria estableciendo medidas para garantizar que «no estuvieron más cerca de los verdugos que de las víctimas», sin que se conocieran qué mecanismos de control objetivos se fijarían.

En noviembre de ese año, el PP ya había trasladado a PSOE y PNV su propuesta, que planteaba abrir el censo a los «exiliados» y a sus hijos, poniendo como punto de partida 1960, con el único requisito de 5 años de residencia en Hego Euskal Herria y la firma de una declaración jurada de haber recibido presiones. El PSOE no lo compartía y cuestionó la tesis de los «250.000 exiliados».

Democráticamente inviable, la propuesta acabó olvidada, aunque periódicamente reaparece, como hace unos días.

[2013] Ibilbide emankorra, bakea eraikitzeko prozesu amaitu gabean

Agus Hernan Foro Sozialean ageriko aurpegietako bat izan da. Atzera begiratuz, Euskal Herriko bakea eraikitzeko prozesua babesteko eta azken urteotan bizitako indarkeria zikloaren ondorioen konponbidea errazten laguntzeko egindako urratsak eta ibilbidea errepasatu ditu Artefakturako idatzitako artikulu batean. Konfiantza sortzeko elkarrizketa eta entzutearen garrantzia nabarmendu ditu, eta batez ere gizarte zibilaren lidergoa.

Bakea eraikitzeko prozesuan azpimarratu ditu presoen kolektiboaren jokaera irmoa aukera berriak sortzeko, biktimen ekarpena eta eragile askotarikoen aliantzak. Eta, noski, nazioarteko komunitatearen babesa eta laguntza. Nolanahi ere, herri honek oraindik bide luzea egiteko duela uste du, biktimen diskriminazioarekin bukatu, espetxe politikan dagoen blokeoarekin amaitu eta memoria kritiko inklusiboaren eraikuntza bultzatuz korapiloa gainditzeko.

Eta azkenik adierazi du: «Gehiago eta azkarrago aurreratu ahal izango zatekeen, baldin eta une askotan alderdien interesak lehenetsi izan ez balira».