La Asamblea Extraordinaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE) aprobó ayer las líneas que orientan la acción de la Iglesia católica en relación a los abusos sexuales, con un plan de reparación integral a las víctimas, que incluye una comisión asesora con expertos. No obstante, los prelados aclaran que lo aprobado no es un decreto que obligue a todas las diócesis.

Se aplicará a aquellas víctimas cuyos casos han prescrito o el abusador ha fallecido, que no pueden ser juzgados por la vía civil, penal o canónica, y contará con reparación económica.

El presidente de la CEE, Luis Argüello, defendió que el plan no incluya una norma de obligado cumplimiento, como pedía el Gobierno español, a quien recordó que su responsabilidad es pensar en «todas las víctimas» y no solo en las de la Iglesia católica.

«Nosotros no firmamos ahora un decreto que obligue a todas las diócesis, a las 400 congregaciones religiosas, sino que nos dotamos de unos criterios de comunión para que las personas que puedan pensar que necesitan ser reparadas, que tienen derecho a esta reparación, puedan acudir en primer lugar a cada diócesis, a cada congregación religiosa», advirtió.