Tras terminar julio con una nueva propuesta sobre la mesa, el Gobierno español y los agentes sociales se dieron el mes de agosto de paréntesis forzado para volver al diálogo en septiembre con los deberes hechos, es decir, con una respuesta concreta a los aspectos que entran en juego en un cambio que afectará a millones de trabajadores.

El acuerdo del Gobierno PSOE-Sumar fija reducir la jornada máxima semanal desde las 40 horas vigentes a las 37,5 horas en 2025, pasando por las 38,5 horas ya desde este 2024. Los sindicatos se han mostrado a favor de esta reducción, pero como un primer paso para ir a una rebaja mayor, mientras que la patronal rechaza hacer un cambio así por ley y argumenta el impacto que tendría en algunos sectores.

Según expuso hace unas semanas el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, el «perímetro» de temas ya está fijado: cambios para reforzar el registro de la jornada laboral, el derecho a la desconexión digital y la reducción de las horas de trabajo. En su propuesta se detalla que debe existir un registro de jornada laboral «digital, fiable e interoperable» para sancionar cuando haya incumplimientos. Sobre el segundo elemento, Trabajo quiere reforzar el derecho a la desconexión «a no coger el teléfono al jefe fuera del horario o no contestar correos». Y sobre la reducción de horas de trabajo se ha ofrecido más flexibilidad a las empresas para poder hacerlo de manera «más planificada».

Pero para cumplir con el pacto de Gobierno, ese primer paso, las 38,5 horas, debería estar en vigor antes de que acabe el año en un escenario parlamentario complicado. Contar con el aval de un acuerdo con sindicatos y patronal podría facilitar ese primer estadio, pero nadie olvida lo ocurrido con la reforma laboral. «Un acuerdo en el seno del diálogo social puede sensibilizar a los grupos para que voten a favor», reconocen fuentes de la negociación, que conceden que este plazo adicional de septiembre busca el sí de la patronal.

«Un tema como este es mejor cerrarlo a tres, evita la litigiosidad y hace más fácil aplicarlo en las empresas», añaden las mismas fuentes.

El primer cambio afectaría a menos trabajadores, ya que gran parte de los convenios ya recogen jornadas inferiores a las 40 horas semanales, pero el siguiente hito de las 37,5 horas en 2025 aleja a la patronal del acuerdo.

RECHAZO DE LAS PATRONALES

En la última asamblea de la CEOE, principal organización de la patronal española, celebrada a principios de julio, su presidente, Antonio Garamendi, acusó a Trabajo de «gobernar contra las empresas» y afirmó que reducir la jornada a 37,5 horas semanales «equivale a regalar casi por decreto doce días de vacaciones pagadas al año por las empresas».

Por lo que respecta a Confebask, en este mismo mes de agosto, el día 4, su presidenta, Tamara Yagüe, afirmó ver «muy difícil» un acuerdo si no había un cambio de postura por parte de Yolanda Díaz.

Yagüe argumentó que la reducción debe hacerse solo cuando haya constatado un incremento previo de la productividad. Y añadió que, en todo caso, tienen que plantearse «medidas de flexibilidad para poder llegar a hacerlo».

La mandataria de Confebask se aferra además a que en la CAV la mayoría de los convenios ya llegan a la reducción de jornada propuesta de 37,5 horas y serían solo 250.000 trabajadores los que podrían verse afectados por esa medida, que son sectores del Comercio, la Hostelería y de mano de obra intensiva.