El Gobierno español rechazó ayer la opa presentada por el grupo húngaro Ganz Mavag (Magyar Vagon) sobre Talgo alegando riesgos «insalvables» para «la protección de los intereses estratégicos y de la seguridad nacional de España», explicó en una nota el Ministerio de Economía.

Esta autorización fue solicitada por el inversor como requisito legal previo para la ejecución de la opa por el 100% de Talgo -que suponía valorar la compañía en 620 millones de euros- «y, por consiguiente, no podrá tener lugar», añadió Economía.

La decisión adoptada en la reunión del Consejo de Ministros se produjo después de que la Junta de Inversiones Exteriores -un órgano en el que participan diversos ministerios pilotado por el Ministerio de Economía- considerara que esta compra conllevaría riesgos «insalvables» para «garantizar la seguridad nacional y el orden público».

Tras conocer la decisión, el consorcio húngaro anunció que va a iniciar «todas las acciones legales a su alcance», tanto en el Estado español como en la UE, para defender la legitimidad de su oferta.

El consorcio húngaro solicitó el 4 de abril a la CNMV la autorización de la opa sobre Talgo, dirigida al 100% de su capital por un importe total de 619,3 millones de euros y a un precio de 5 euros por acción. La operación estaba avalada por un banco húngaro.

Distintas voces en el Ejecutivo español mostraron su oposición a esta compra, sobre todo por las relaciones entre el inversor húngaro y el Gobierno de Viktor Orbán, y defendieron que Talgo es una empresa estratégica, con una tecnología única en el mundo, y desempeña un papel fundamental en el transporte ferroviario.

LA ALTERNATIVA NO FRUCTIFICÓ

Por ello, buscaron constituir una alternativa española, en la que trataron de implicar a Criteria, el brazo inversor de La Caixa, o al grupo Escribano, accionista de Indra, así como a otros constructores, como el fabricante checo de bienes de equipo Skoda (sin relación con la marca de coches), que planteó incluso una fusión, rechazada por Talgo.

La sociedad oferente está formada por Ganz-Mavag (55%) y Corvinus (45%), participada esta última por el Estado húngaro a través del Ministerio de Economía.