Italia ya envía migrantes a Albania, en barco militar y a campos «prisión»
Gran Bretaña lo ensayó con Rwanda e Italia lo lleva ya a la práctica con la vecina Albania. Tras un acuerdo entre ambos países gestado por la posfascista primera ministra, Giorgia Meloni, ayer mismo se envió ya en un barco militar a un grupo de migrantes llegados a suelo italiano. Las condiciones de reclusión preocupan.

Italia fletó el lunes un barco militar con un primer grupo de migrantes a Albania, con cuyo Gobierno el Ejecutivo de la posfascista Giorgia Meloni pactó el año pasado la apertura de «centros de acogida» desde los que teóricamente estas personas esperarán a que se tramiten sus peticiones.
Roma y Tirana aseguran que los dos centros previstos, son lugares de internamiento. Como «auténticas prisiones», los califica el diputado albanés Agron Shehaj.
Por iniciativa del Ministerio del Interior, el barco patrullero Libra de la marina italiana partió el lunes desde un puerto de la isla de Lampedusa. De los 16 varones a bordo diez eran de Bangladesh y seis de Egipto. Fueron interceptados el domingo en aguas internacionales. Sus dos barcos habían abandonado la región de Trípoli, Libia.
La semana pasada, el Gobierno ya había adelantado que los centros estaban listos para comenzar a acoger a los migrantes rescatados en el mar Mediterráneo. El procedimiento prevé un primer control en un buque militar, antes de un traslado a un centro en el norte de Albania, en el puerto de Shengjin, para su identificación, y luego a un segundo centro, en la base militar en Gjader.
El coste para Italia será de 160 millones de euros anuales.
Meloni, que prometió en la campaña electoral de 2022 que le llevó al poder poner fin a la llegada de inmigrantes por vía marítima, se vanaglorió ayer ante los senadores italianos de que «es un camino nuevo, valiente, sin precedentes, pero que refleja perfectamente el espíritu europeo y debe ser emprendido también por otros países fuera de la UE».
«Nos tomamos el tiempo necesario para asegurarnos de que todo se hiciera de la mejor manera posible y estamos satisfechos con los resultados de este trabajo», añadió.
Las autoridades albanesas e italianas firmaron el acuerdo para la apertura de estos centros en noviembre de 2023, lo que desató una ola de críticas de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, entre ellas la ONU. La ONG Amnistía Internacional reiteró su «profunda preocupación».
AI Y SOS HUMANITY ALERTAN
La ONG SOS Humanity, que opera en la zona con un barco de rescate, subrayó su alta preocupación. Para su responsable Mirka Schäfer, «el acuerdo Italia-Albania viola el derecho marítimo internacional y corre el riesgo de erosionar aún más los derechos fundamentales de los refugiados. Italia detiene de facto a personas que buscan protección en territorio albanés sin un examen judicial, lo que es profundamente inhumano y viola sus derechos fundamentales. Se trata de refugiados que han sido sometidos a violencia, trata de personas o tortura durante su viaje y su estancia en Libia o Túnez», recuerda.
La secretaria general del Partido Democrático italiano, Elly Schlein, acusó al Ejecutivo Meloni de «desperdiciar» casi 1.000 millones de euros de las arcas públicas en un programa que «desprecia los derechos fundamentales», contraviniendo, además, la jurisprudencia europea. «Podríamos haber aprovechado esos recursos para acortar las listas de espera o contratar médicos y enfermeras», señaló.
Meloni prometió al llegar al poder que endurecería las políticas migratorias, lo que se ha traducido en estos últimos años también en una mayor presión sobre las ONG que efectúan operaciones de rescate en el Mediterráneo. En lo que va de año, Italia ha registrado unas 53.000 llegadas, una cifra considerablemente inferior a las casi 140.000 del mismo periodo de 2023
Meloni recibió ayer un apoyo bastante explícito de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Señaló que la Unión Europea debe «explorar posibles vías» para la creación de centros de deportación de migrantes fuera del territorio comunitario mientras se resuelven sus casos en la Unión, según sus expresiones.
En el escrito que ha circulado en las capitales, Von der Leyen pide a los jefes de Estado y de Gobierno europeos «seguir explorando posibles vías de avance» hacia la «idea de crear centros de retorno fuera de la Unión Europea».
La jefa del Ejecutivo comunitario, que iniciará su segundo mandato en diciembre, recuerda a los 27 que contará en su nuevo Colegio con una comisaria específica para el Mediterráneo a la que prevé encomendar una propuesta de reforma de la directiva de retorno, cuya revisión estaba ya prevista en esta legislatura, pero cuya negociación no llegó a arrancar.
En este contexto, Von der Leyen se abre a soluciones que define como «innovadoras» para avanzar hacia la creación de centros de deportación para trasladar fuera de la UE a los migrantes irregulares que ya han llegado a suelo europeo, mientras se tramitan sus expedientes. Y todo ello a pesar de que esta opción ya fue descartada en el pasado por Bruselas por colisionar con los derechos de los demandantes de asilo.
UN MODELO A ANALIZAR Y, EN SU CASO, A SEGUIR
Ahora, Von der Leyen evoca como ejemplo en su carta a los líderes de la UE el acuerdo negociado por el Gobierno italiano de Meloni con Albania. «Con el inicio de las operaciones del protocolo entre Italia y Albania podremos sacar lecciones de esta experiencia en la práctica», sostiene.
En todo caso, la conservadora alemana apunta también que para avanzar en este terreno su Ejecutivo abordará también a lo largo del «próximo año» la revisión de la definición de «país tercero seguro», un asunto que también es controvertido por las divisiones que genera en el seno de los 27, pero que Von der Leyen ve necesario para «ayudar a quienes buscan asilo sin tener que embarcarse en viajes peligrosos a través del Mediterráneo».
Esta reflexión, defiende, se llevará a cabo de la mano de organismos internaciones como Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con el objetivo de lograr un «enfoque integral».
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Zenbat pertsona eta zenbat denbora Gjaderreko zentroak 800 etorkin har ditzake errefuxiatuei dagokien asilo eskubidea tramitatzen duten bitartean. 28 eguneko epean hartu beharko da erabakia. Bestela, etorkinak Italiara birbidaliko dituzte.
Baldintzak 12 metro karratu dituen «ziega» batean egongo dira, harresi handiz eta poliziaz inguratuta. Eskaera ukatu zaienei 144 pertsona hartzen dituen egoitza bat «egokituko zaie». Bertan kartzela bat egongo da etxeratzeko agindua jasotzen dutenen haserrea «baretzeko». Guztira 300 polizia, mediku eta epaile izango dira bertan.
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