A falta de la votación en pleno, la reforma de la Ley Mordaza aprobó ayer su segundo exa- men parlamentario en el Congreso español, pues todos los grupos excepto PP, Vox y UPN rechazaron las dos enmiendas a la totalidad presentadas por los dos primeros partidos políticos para intentar frenarla.

Durante más de hora y media, el Pleno del Congreso volvió a escuchar tanto duras críticas a la controvertida vigente ley, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015, como encendidas defensas a la modificación que impulsa la mayoría de la investidura, consecuencia del texto acordado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez con EH Bildu y que el 29 de octubre obtuvo su primer visto bueno.

La mayoría de la investidura acusó a la derecha y a la extrema derecha de «desbarrar» en sus textos alternativos. Por parte del Ejecutivo, el diputado de Sumar Enrique Santiago les reprochó que vivan en una «realidad paralela», y calificó de «liberticida y autoritaria» la propuesta de Vox, a quien acusó de querer restringir derechos. Consideró, asimismo, «excéntricas» las tesis del PP, que estima que la actual ley es un instrumento eficaz en la lucha contra «la amenaza terrorista», lo que no es más que «un falso, demagógico y vergonzoso argumento».

LA INFLUENCIA DE EH BILDU

El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu replicó al PP sobre el calificativo de «ley Bildu» o «ley Otegi», señalando que «ojalá tuviéramos tanta capacidad de influencia», y recordó a Javier Ortega Smith, representante de Vox, que los sindicatos policiales le rehuyen después de sus críticas a la actuación policial en la calle Ferraz -donde está la sede del PSOE- en respuesta a las algaradas ultraderechistas.

«Nosotros las pelotas de goma no las defendemos ni cuando las usan contra ustedes, creemos que son perjudiciales en cualquier actuación policial», dijo el electo soberanista.

El diputado del PNV Mikel Legarda acusó a PP y Vox de «desbarrar totalmente» al querer mantener la ley que aprobó en 2015 el Gobierno de Rajoy. Una idea repetida por los demás grupos en un debate en el que no intervino ningún representante de Junts, mientras que desde ERC se defendió que exista un «equilibrio entre seguridad y libertad para vivir con dignidad».