El Gobierno navarro denunció a finales de enero que Ekondakin, la firma que opera la incineradora de Zubieta, envió 5.563 toneladas de residuos líquidos -lixiviados- «ecotóxicos» a la empresa Ecofert Sansoain de Artaxoa, que no tenía permiso para recibirlos, y por eso estaba en proceso de cierre gubernamental.

El presidente del Consorcio de gestión de residuos de Gipuzkoa (GHK) José Ignacio Asensio desmintió lo afirmado por el consejero navarro de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Jose María Aierdi, e incluso, llegó a asegurar que era falso. Sin embargo, Aierdi insistió en que la empresa no podía recibir los envíos de la planta, ya que el contrato hablaba de «lodos» y no se correspondía con lo entregado.

Ante las versiones contradictorias, EH Bildu solicitó a las dos instituciones implicadas información sobre los residuos contaminados remitidos a Ecofert, así como al Gobierno de Lakua a quien corresponde el control de los desechos que salen de la planta. Tres días después, el lehendakari Urkullu se limitó a contestar las preguntas del parlamentario Mikel Otero en base a un comunicado de Lakua de la semana anterior.

Por su parte, para ayudar a esclarecer lo ocurrido, GuraSOS hizo llegar a la Inspección Ambiental del Gobierno de Nafarroa una quincena de documentos públicos que en su opinión acreditaban la peligrosidad y toxicidad en los residuos enviados por GHK desde Zubieta, por lo que, ya fueran líquidos o sólidos, nunca debieron ser aceptados. En su opinión los residuos en cuestión eran aguas de proceso de la totalidad de la planta, principalmente de la unidad de la incineradora, lo que convertiría indefectiblemente dichos residuos en «peligrosos» y «tóxicos».

«SITUACIÓN ANÓMALA»

En el ecuador del año, el Ejecutivo navarro pidió a Lakua que iniciara un procedimiento sancionador a Ekondakin por la entrega a un gestor no autorizado de los residuos generados en su instalación -en 2023 fueron 3.073 toneladas de lixiviados- y le remitió un escrito de 53 folios detallando las irregularidades cometidas por la incineradora al enviarlos.

En septiembre, el lehendakari Imanol Pradales y María Chivite se reunieron para actualizar el Protocolo de Colaboración entre ambos gobiernos. Ante la pregunta de si Lakua iba a tomar medidas contra la incineradora, como había pedido el ejecutivo navarro, Pradales respondió que ambos gobierno tenían la voluntad de reunirse para hablar de la cuestión. Dos semanas después, el consejero Mikel Jauregi afirmó que no veía infracción en el envío, sino en la recepción, y que no sancionaría a la incineradora. Días después, en el Parlamento de Gasteiz dio por bueno el envío realizado a Nafarroa y reconoció que Zubieta llevaba más de dos años de funcionamiento en una «situación anómala» que genera lixiviados.

EN LOS TRIBUNALES

Por su parte, GuraSOS ha seguido denunciando la actividad de la incineradora tanto públicamente como en los tribunales. En mayo, el Tribunal Constitucional admitió a tramite el recurso de amparo interpuesto a la sentencia del TSJPV que le impidió actuar judicialmente en un caso relacionado con la incineradora asegurando que la asociación incurría en una «falta de legitimación activa para dar ese paso». Por el contrario, en octubre el Tribunal Supremo desestimó otro en contra de la puesta en marcha de la incineradora y dio carpetazo a la vía judicial. Además, en agosto denunció un nuevo vertido en la regata de Arkaitzerreka, que GHK negó.