Policías y agentes anticorrupción surcoreanos intentaron arrestar ayer al presidente temporalmente destituido, Yoon Suk-yeol, para ser interrogado por declarar la ley marcial el 3 de diciembre y enviar al Ejército a la Asamblea Nacional, pero abortaron la operación ante la resistencia de doscientos miembros de su servicio de seguridad y un millar de irreductibles seguidores en la residencia del mandatario y sus alrededores, en Seúl, después de varias horas de discursiones y forcejeos.

Hacia las 08.00 hora local (madrugada en Euskal Herria), 20 funcionarios de la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (OIC) y un centenar de policías entraron en el recinto de la residencia presidencial en el barrio de Hannam. Fuera quedaron otros 30 agentes de Policía vigilando la entrada, mientras unos 2.700 efectivos adicionales eran desplegados para evitar altercados entre los miles de seguidores del presidente y las fuerzas del orden.

Tras superar controles militares en el recinto, OIC y Policía se encararon durante tres o cuatro horas con unos 200 miembros del servicio de seguridad presidencial, que se negó a aceptar la validez de las órdenes de arresto temporal y registro obtenidas el martes, después de que Yoon ignorara tres citaciones para declarar en relación con su decisión de decretar la ley marcial y formó un muro para obstaculizar el paso de los investigadores. La OIC decidió retirarse a las 13.30 hora local «por seguridad».

La OIC ha dicho que estudiará los siguientes pasos a dar con respecto a la orden, que caduca el lunes y que de hacerse efectiva permitiría retener a Yoon para que declare durante 48 horas, plazo en el que se puede solicitar una extensión temporal del arresto si se considera necesario.

Yoon Kap-keun, uno de los abogados del presidente, insistió ayer en que la orden de arresto es «ilegal e inválida» y que, por lo tanto, su ejecución «es ilegítima», y en que solo la Fiscalía, y no la OIC -enfrentada al Ministerio Público-, puede demandar un arresto bajo la acusación de insurrección, el único delito para el cual no hay inmunidad presidencial en Corea del Sur.

Pero el jefe de la oficina anticorrupción, Oh Dong-woon, alertó que si alguien intenta impedir la detención puede ser perseguido judicialmente.

14 DE ENERO

La cancelación de la detención de Yoon es un nuevo episodio dentro de la grave crisis en la que el mandatario ha sumido a Corea del Sur desde que decretara la ley marcial, aunque horas más tarde fue obligado a dar marcha atrás por la Asamblea Nacional. Y plantea un nuevo escenario sin precedentes dentro de la espiral de incertidumbre y nuevos interrogantes sobre el futuro político del país y del propio presidente inhabilitado por la Asamblea Nacional y que se expone a acusaciones por presunta insurrección, punibles con la cadena perpetua o la pena de muerte.

El político conservador sigue siendo oficialmente el jefe del Estado, a la espera de que su destitución sea confirmada por el Tribunal Constitucional, que ha fijado para el 14 de enero la primera vista oral del juicio político para determinar si el presidente violó o no la Carta Magna el 3 de diciembre y si debe ser cesado definitivamente o restituido.

En todo caso, el episodio vivido ayer evidenciael enorme poder en Corea del Sur de la figura presidencial, que muchos surcoreanos tachan de «casi imperial», y añade leña al debate sobre la necesidad de reformar la Constitución.