El Congreso de los Diputados vota hoy el decreto del Gobierno de Pedro Sánchez que prorrogó en el último Consejo de Ministros de 2024 el impuesto a los beneficios de las energéticas. PNV y Junts tienen la palabra, porque el resto de la mayoría de investidura tiene claro su sí. Sin embargo, decaerá si una de las dos formaciones, o las dos, se posicionan en contra.

Con ello desaparecerá una potente fuente de ingresos públicos. El Ejecutivo español cifra lo recaudado en 2024 por este concepto en 1.164 millones de euros. Y ello no ha impedido que las grandes energéticas sigan batiendo récords de beneficios, según sus propios datos. Por aportar un ejemplo cercano de una tendencia generalizada, Iberdrola anunció el pasado octubre un incremento del 50% en sus ganancias y antes, en 2023, también acreditó un 17% más. Son los dos ejercicios en que ha estado vigente este impuesto extraordinario que fuerzas como EH Bildu y ERC habían abogado por convertir en permanente.

La punta de lanza principal contra este impuesto ha sido un vasco: el exconsejero de Industria de Lakua y expresidente del PNV Josu Jon Imaz, desde su cargo actual de consejero delegado de Repsol. Sus amenazas de retirada de inversiones han tenido un efecto directo sobre Junts. Repsol afirma que pagó en 2023 un total de 450 millones de euros por este impuesto, pero aun y todo pudo declarar 2.758 millones en beneficios. Josu Jon Imaz, por cierto, ha ganado más de cuatro millones de euros anuales estos últimos años.

Si el impuesto cae, no solo se verán mermadas las arcas estatales, sino que también resultarán muy perjudicadas las haciendas vascas, alertó EH Bildu. Su diputado Oskar Matute cifró ayer la pérdida en torno a cien millones de euros anuales. Y recordó en un artículo de opinión que en los presupuestos de las diferentes instituciones vascas ya vienen contemplados 67 millones que ahora se perderían. Así que lanzó esta pregunta: «Si no fuera dinero que se queda en los bolsillos de los vascos, tal y como esgrimen ahora, ¿por qué los incluyeron en los presupuestos?». Y también esta otras: «¿Cómo van a paliar el agujero?».

Para Matute, «hacer todo lo que mande y decida Repsol, una empresa que ni siquiera tiene la sede fiscal en la Comunidad Autónoma Vasca, supone erosionar el autogobierno por parte de quienes se arrogan su defensa exclusiva. ¿Cuál es la obediencia soberanista a la que nos debemos con una empresa que ni siquiera está radicada en nuestro territorio», preguntó al PNV.

ANSOLA: «COSAS DE COMER»

En estos últimos meses tanto Andoni Ortuzar, presidente del EBB, como el lehendakari Imanol Pradales, se han decantado a favor de las energéticas. En los últimos días quien con más claridad lo ha hecho ha sido el presidente del PNV en Bizkaia, Iñigo Ansola, que repitió un argumento de Ortuzar subrayando que «con las cosas de comer no se juega».

Según su tesis, el gravamen «nació en una situación absolutamente extraordinaria», marcada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia que «disparó» el precio del gas, pero «esa situación extraordinaria ya pasó».

Junto a ello, apuntó que Iberdrola o Petronor «son las empresas que más están aportando económicamente a las haciendas forales», lo cual «revierte en nuestra sanidad, en nuestra educación, en nuestra Policía, al fin y al cabo, en nuestro estado de bienestar», incidió. Acusó a EH Bildu de «hacer demagogia» por reclamar que se mantenga el impuesto.

DECRETO «IN EXTREMIS»

La vía del decreto fue introducida por el Gobierno español in extremis, dada la imposibilidad de aprobar en el Congreso la continuidad del impuesto por el desmarque de Junts y PNV, en un complejo juego de votaciones cruzadas sobre diferentes cuestiones fiscales. ERC, EH Bildu y BNG lo acordaron con el Ejecutivo español ya en noviembre y luego se sumó Podemos.

La votación de noviembre fue especialmente embarullada, un reflejo de la complejidad de la cuestión y de la imposibilidad de alcanzar un acuerdo que contente a todas las formaciones.

La comisión concluyó a la una de la madrugada y dejó en evidencia que Sánchez había alcanzado dos acuerdos, uno con el ala izquierda de sus socios y otro con el ala derecha.

El acuerdo con EH Bildu, ERC y BNG se alcanzó, según explicaron, «partiendo de la posición firme de no renunciar a los impuestos a la banca y a las energéticas.

Paradójicamente, el Gobierno español había dado previamente por agotado el impuesto a las empresas energéticas tras suscribir un acuerdo entre PNV y PSOE en el que también estaba alineado Junts, los dos socios de derechas del Ejecutivo de Sánchez.

La votación de hoy mostrará, por tanto, si el acuerdo que se impone es el firmado por el PSOE con PNV (con el que también se alinea Junts) o el suscrito con EH Bildu, ERC y BNG. Lo que es evidente es que Sánchez no puede salvar los dos acuerdos alcanzados, porque son incompatibles.