Abogado, exprocurador para la defensa de los derechos humanos de El Salvador, diputado de la Asamblea Legislativa en el periodo 2013-16 y coordinador de la Unidad de Justicia Transicional de la Fundación Cristosal, David Morales forma parte del equipo legal que impulsa las querellas por las masacres de El Mozote y El Calabozo.

Por su parte, Alejandra Cabrera, comunicadora y asesora política guatemalteca, es querellante en el «caso Diario Militar», documento de inteligencia militar que contiene el registro de 195 personas consideradas como «enemigas del Estado», dentro de las cuales se encuentra su padre, Leopoldo Cabrera, secretario de finanzas del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), detenido desaparecido el 1 de marzo de 1984.

Ambos viajaron a Euskal Herria para participar en un seminario sobre desapariciones forzadas. En entrevista con GARA, reflexionan sobre las políticas de «tierra arrasada» que impusieron en El Salvador y Guatemala, sobre la búsqueda de verdad y justicia, el impacto de las desapariciones y la tortura, así como sobre las tesis negacionistas que están proliferando.

¿En qué momento está el proceso judicial por la masacre de El Mozote en El Salvador?

David Morales: El caso estaba por entrar en la etapa final, pero con la destitución del juez Jorge Guzmán y el nombramiento de Carla Portillo, el juicio se estancó y sigue en situación de parálisis. El caso está siendo utilizado con fines políticos que nada tienen que ver con la justicia. La jueza solo está redundando en beneficio de los perpetradores, que no enfrentan juicio y sentencia. Ya han muerto más de 140 víctimas y familiares desde que se interpuso la denuncia. Están muriendo las víctimas mientras el proceso se retrasa.

¿Qué simboliza esta masacre para Latinoamérica?

D. M.: Es la masacre más grande de América Latina en el contexto contemporáneo. Mil personas muertas en tres días. Cerca de la mitad eran niños, niñas y adolescentes. La evidencia más fuerte es la fosa 1 abierta en 1992 por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Se encontraron 136 esqueletos de niños con un promedio de edad de seis años. ‘Eliminando el agua muere el pez’ es un antiguo dicho de guerra. Los exterminios masivos de población civil fueron una práctica deliberada y planificada desde el más alto nivel del Estado y del alto mando militar. La mayoría de personas en El Salvador considera que es importante no olvidar este caso para no repetirlo. Es conocido incluso por las generaciones más jóvenes. Sin embargo, los responsables de este crimen de guerra siguen impunes y están protegidos por el Gobierno y por los actuales altos mandos militares.

¿Peligra su conocimiento con las políticas de Nayib Bukele?

D. M.: Bukele ha potenciado el Ejército mucho más que los Gobiernos anteriores de la posguerra. De hecho, el presupuesto de las Fuerzas Armadas ha llegado a superar el que tuvieron en la década de los 80, como si fuésemos un país en guerra. Esta visión militarista y autoritaria que naturaliza la violación de los derechos humanos trata de afianzarse en una narrativa que busca tergiversar la historia. Bukele se presentó en El Mozote, donde lanzó un discurso de odio contra el juez y los defensores de derechos humanos y sentó su tesis negacionista diciendo que los acuerdos de paz fueron una farsa. Negar los acuerdos de paz justamente en El Mozote y decir que la guerra fue una farsa es un agravio.

¿Qué marcas dejan la desaparición forzada y la tortura?

Alejandra Cabrera: La desaparición forzada tiene carácter pluriofensivo; afecta a la víctima, a su entorno familiar y a toda la sociedad. Yo tenía ocho años cuando secuestraron a mis padres, miembros del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT). Hubo 45.000 detenidos desaparecidos, de ellos 5.000 niños, niñas y adolescentes. Los impactos en la niñez son sumamente grandes, te arrebatan tu proyecto de vida familiar. Tras la liberación de mi mamá, quien fue sometida a torturas y violencia sexual, sufrimos durante un año persecución y hostigamiento, lo que nos obligó a exiliarnos en México. Fue una política atroz.

¿Cómo recuerda el día en que fueron detenidos?

A. C.: Fue una mañana como cualquier otra. Mi papá hizo el desayuno, nos preparamos para salir al cole. Cuando salíamos, me giré y los vi en la ventana. Esa fue la última vez. Con sus llaves entraron al garaje y ahí mismo torturaron a mi mamá en presencia de él. Además de genocidas y violadores, estos asesinos eran delincuentes comunes. Vaciaron la casa, mataron a nuestras mascotas, defecaron sobre la mesa... Mi mamá sobrevivió tras sufrir torturas atroces. Fue sometida a desnudez forzada, la sumergieron en fluidos humanos putrefactos, sufrió violencia sexual, le arrancaron las uñas, le pusieron electrodos… Cuando llegamos a Ciudad de México un año después fue al hospital tenía hemorragias internas en distintos órganos. De adulta me he dado cuenta de la vulnerabilidad en la que estuvimos mi hermana y yo. Pasamos días solas en la sala de urgencias del hospital de México siendo menores de edad. Agradezco, no obstante, que no hubiéramos sido recogidas por ninguna institucionalidad porque nos hubieran separado de nuestra madre. Nuestra vida está marcada por estos traumas y violencias atroces, pero también lo están por el profundo amor a tus familiares y por sus principios políticos; mis padres tenían el anhelo de un mejor país.

¿Qué siente cuando escucha «eso es cosa del pasado»?

A. C.: Es algo que nos repiten todo el tiempo, sobre todo, quienes son responsables, los ‘héroes’ que salvaron al país del fantasma de la democracia. Ellos lo llamaban comunismo. Es una narrativa que se ha sostenido durante 40 años. Ante la pregunta de por qué seguimos buscando y luchando siempre respondemos con otra pregunta: «Si te arrancaran un familiar, ¿no lo buscarías?». Lo que reivindicamos es nuestro derecho a la verdad. Nos siguen negando el paradero de nuestros familiares.

¿Qué medidas de reparación ayudan a sanar las heridas?

A. C.: Las medidas de reparación son muy subjetivas. Pero te puedo decir que ninguna tiene que ver con lo económico, porque no hay cifra que nos devuelva lo que nos quitaron. Lo que nos motiva es la posibilidad de que estos hechos no se repitan nunca más en ninguna parte. Algo que nos ayudaría a sanar heridas sería saber dónde están nuestros familiares o, al menos, saber cuál fue su destino final. Sabemos que algunos fueron lanzados a los cráteres de los volcanes o al mar. ¿Y qué pasó con esa niñez? Muchos menores fueron vendidos de manera ilegal. En lo personal, algo que me repararía sería que el Estado asuma con responsabilidad y plena conciencia políticas de Estado de protección de la niñez y de las mujeres.

¿Qué dimensión adquiere la justicia transicional?

D. M.: La justicia transicional en el Salvador sigue negada. Los acuerdos de paz de 1992 contemplaban una comisión de la verdad, un acuerdo de superación de la impunidad que incluía juicios ejemplarizantes a los violadores de derechos humanos de ambos mandos. Todo esto fue bloqueado por el poder político de la posguerra que dictó una ley de amnistía total y asumió una postura negacionista. En 2010, con la alternancia política y los Gobiernos del FMLN, se cambia esta posición, se reconoció la historia, hubo diálogos con las víctimas y se crearon comisiones de búsqueda, pero nunca tuvieron respaldo financiero ni autonomía. En 2016, la Sala de lo Constitucional echó por tierra la Ley de Amnistía y eliminó todas las excusas jurídicas para la impunidad, pero hasta la fecha, ese fallo ha sido totalmente incumplido.

Los discursos a favor de las víctimas de los diputados de Nuevas Ideas o del mismo Bukele son demagógicos porque, en la práctica, se bloquean las iniciativas a favor de una ley de justicia transicional, se mantiene el bloqueo de los archivos militares... Enfrentamos toda una estructura de negación y de encubrimiento. No obstante, la particularidad del movimiento de víctimas sobrevivientes de crímenes de guerra es la resistencia.

¿Cómo es el diálogo entre víctimas y Estado en Guatemala?

A. C.: Los casos en los que ha habido avances ha sido gracias a la denuncia, persistencia y exigencia de las víctimas, de las organizaciones de derechos humanos y de bufetes jurídicos. La demora en los juicios te habla de la respuesta del Estado. Se ha reconocido que hubo genocidio y en el caso de la violencia sexual hay tres resoluciones emblemáticas. Pero, aun en estos casos, los procesados están con medidas sustitutivas y mientras las sentencias no sean firmes, no se pueden dictar medidas de reparación.

Ha habido grandes retrocesos. Estamos viendo una nueva oleada de criminalización contra fiscales, abogados, integrantes de la extinta Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala, periodistas, defensoras del territorio y de derechos humanos. La Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público ha sido desmantelada. Es un duro golpe no solo a las víctimas, sino a la institucionalidad del país.

Tenemos esperanza de que con este Gobierno, que es más democrático, haya avances. Pero aún queda un largo camino para la justicia y la verdad.