Los casos de víctimas de la violencia del Estado en Nafarroa reconocidos oficialmente se elevan ya a 41, dentro del total de 125 solicitudes presentadas hasta la fecha para lograr ese reconociendo, 50 durante 2023 y 75 a lo largo del año pasado. Baluarte acogerá un nuevo acto oficial de reconocimiento a estas víctimas el próximo 13 de febrero, a las 19.00 horas.

Estas cifras fueron ofrecidas ayer en el Parlamento de Iruñea por el presidente de la Comisión de Reconocimiento y Reparación de Víctimas por actos de motivación política de Nafarroa, Martín Zabalza, quien presentó la segunda memoria de actividad de este organismo en la Comisión de Memoria y Convivencia de la Cámara.

En ese informe se especifica que, hasta la fecha, se han presentado ante la Dirección General de Memoria y Convivencia del Gobierno de Nafarroa «un total de 125 solicitudes de reconocimiento de víctima por actos de motivación política, 50 durante el año 2023 y 75 durante 2024».

78 EXPEDIENTES ADMITIDOS

Entre enero y diciembre del pasado año, la comisión celebró once sesiones plenarias, en las que se propuso «la resolución de un total de 47 solicitudes, de las cuales 41 han sido estimadas, una ha sido desestimada y cinco han sido inadmitidas», desglosó Zabalza.

Respecto a la resolución desestimatoria, explicó que «la comisión fundamentó su decisión en la no acreditación de la existencia de la preceptiva relación de causalidad entre los hechos y los perjuicios relatados por el solicitante».

Hasta el momento se habían hecho públicas dos tandas de reconocimiento, la primera con doce víctimas y la segunda con otras veinte, y el pasado 30 de mayo se celebró un acto oficial de reconocimiento a las primeras doce.

Quedan por resolver, a día de hoy, «un total de 78 expedientes que se encuentran en diferentes fases del procedimiento, habiendo acordado la admisión a trámite de todos ellos y habiéndose practicado un total de 71 entrevistas recogiendo el testimonio de las víctimas».

Respecto a las 41 víctimas reconocidas, Zabalza detalló que «seis víctimas resultaron fallecidas: una de ellas torturada con resultado de muerte bajo custodia policial y las cinco restantes recibieron disparos con arma de fuego por parte de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en diferentes situaciones: en un control policial, en confrontaciones de motivación política, en disturbios callejeros y en el monte mientras conducía ganado en la frontera».

Otras 16 víctimas «fueron detenidas y sufrieron malos tratos y/o torturas, doce de las cuales fueron también incomunicadas. Dos víctimas sufrieron daños físicos y materiales, y una de ellas un intento de atentado por la extrema derecha, y seis víctimas sufrieron daños psicológicos».

Asimismo, indicó que «once víctimas sufrieron daños físicos: una pérdida de globo ocular, tres lesiones en globo ocular o pérdida de visión, tres heridos por arma de fuego, y cuatro sufrieron diversas lesiones. Cinco agresiones se produjeron durante los hechos ocurridos en los sanfermines de 1978, cinco en diversos disturbios callejeros y una de ellas en las manifestaciones de los conflictos laborales de Potasas».

VIOLENCIA SEXUAL

Desde la perspectiva de género de las víctimas reconocidas, el presidente de la Comisión de Reconocimiento y Reparación de Víctimas por actos de motivación política indicó que «34 son hombres y 7 son mujeres». Y respecto a las víctimas mujeres, recalcó que «en aquellos casos en que eran sometidas a torturas, sufrían además actos de violencia sexual, mediante comentarios vejatorios, insultos, tocamientos, culminando en algunos casos en agresión sexual».

A continuación, Zabalza señaló que el importe indemnizado a la totalidad de las víctimas reconocidas durante este periodo «según los criterios establecidos en el artículo 12 de la Ley Foral de 26 de marzo, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos ha sido de 1.243.383 euros».

En su intervención en el Parlamento, también puso de relieve que «transitamos un periodo de construcción de un ecosistema navarro de convivencia democrática sin exclusión de ningún actor representativo de la ciudadanía».

Y que los dictámenes de la comisión y las posteriores resoluciones administrativas de reconocimiento de víctimas de motivación política «crean en nuestra comunidad un novedoso espacio de reconocimiento institucional, ya consolidado, superador de un periodo histórico de negacio- nismo de vulneraciones manifiestas de normas internacionales de derechos humanos».

EH BILDU: «PUNTA DEL ICEBERG»

Tras la presentación de esta segunda memoria anual de la comisión, tomaron la palabra los diferentes portavoces parlamentarios, salvo Vox, que no acudió. Marta Álvarez Alonso, por UPN, aseguró que su partido considera «toda violencia ilegítima, también la tortura y los malos tratos». Pidió que se siga «un protocolo público y transparente para estos expedientes» y «el máximo rigor para todas las actuaciones», al tiempo que afirmó que «esperábamos una memoria más completa».

Zabalza le aseguró que el procedimiento que sigue la comisión «está muy tasado». Además, le indicó que el flujo de presentación de solicitudes, por el que también le había preguntado, «es constante».

Desde el PSN, Inma Jurío destacó la importancia del reconocimiento oficial a las víctimas de esta violencia «para su sanación» y porque «pone de relieve actuaciones que no debían haberse producido».

Arantza Izurdiaga, portavoz de EH Bildu, señaló que «se han dado pasos importantes en materia de reconocimiento y reparación, y se ha consolidado el trabajo de la comisión». Aunque también recordó que las 41 víctimas reco- nocidas hasta ahora «representan la punta del iceberg de una situación que afecta a centenares de navarros». E instó a analizar «por qué ocurrieron estas violaciones de derechos, como la tortura».

Desde Geroa Bai, Mikel Asiain indicó que el incremento de las cifras de solicitudes presentadas «ratifica dos cosas: la persistencia de la violencia por parte del Estado y que estas víctimas están dando un paso adelante, ellas o sus familias, ya que seis fallecieron».

Por el PP, Irene Royo inició su intervención asegurando que su formación «condena la violencia con intenciones políticas venga de donde venga», para posteriormente ir matizando sus palabras y poner el foco en que «hay grupos parlamentarios que no han condenado la violencia de ETA y grupos que pactan con ellos».

Zabalza le reprochó que «tienen ustedes una foto fija y no se mueven de ahí».

Finalmente, Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, puso el acento en la importancia del dato de 41 víctimas reconocidas oficialmente, y se congratuló de la celebración de un nuevo acto oficial de reconocimiento.