La diputada foral de Acción Social, Amaia Antxustegi, anunció en el pleno de control de las Juntas Generales de Bizkaia, que se celebró ayer en Gernika, que se va a «reforzar» el servicio de inspección y control de las residencias concertadas, sin concretar. Así, respondió a la interpelación de la juntera de EH Bildu Izaskun Duque, que demandó al Gobierno foral que se garantice el cumplimiento de los ratios mínimos de personal «en todos los centros y de forma permanente».

La apoderada soberanista preguntó a Antxustegi si considera necesario realizar un mayor número de inspecciones, más allá de la anual. También le cuestionó acerca de las medidas que se van a adoptar por parte del Departamento foral de Acción Social para reducir los tiempos de resolución de los expedientes.

Según los datos ofrecidos en noviembre por la propia Diputación, en una comparecencia en comisión, en 2023 se inspeccionaron 387 centros reglados de servicios sociales y se detectaron 377 incumplimientos de requisitos materiales y funcionales en 238 de estas infraestructuras.

Además, las 154 residencias privadas y públicas para personas mayores o dependientes existentes en Bizkaia registraron 108 incumplimientos en cuanto a deficiencias de mantenimiento, como sistemas de seguridad, iluminación o limpieza. De ellos, según la responsable foral, se habrían solventado 94 fallos.

Esas inspecciones se realizan una vez al año, lo que lleva a EH Bildu a estimar que dichos incumplimientos pueden repetirse de una visita a otra. Duque incidió en que los expedientes siguen creciendo, y ejemplo de ello son las sucesivas preguntas planteadas en Juntas Generales por casos en centros de Arrigorriaga, Bilbo, Ortuella o Portugalete.

PERSONAL INSUFICIENTE

Muy preocupantes le parecen al primer partido de la oposición los datos referidos a las ratios de personal, que estima «insuficientes». En 99 centros, según las inspecciones realizadas en 2023, el 64% de los equipamientos que atienden a personas mayores no los cumplían. De ellos, 52 fueron solventados y 13 de forma parcial a través de la contratación de personal.

Esos y otros datos fueron expuestos en la interpelación, en la que EH Bildu reclamó que se aumenten las plazas de inspección y de personal encargado del seguimiento de los expedientes. La Diputación recogió el guante, pero no aportó más detalles sobre el número de contrataciones que baraja para afrontar ese refuerzo de los controles.