El recurso presentado por Iratxe Sorzabal a la condena de 24 años de cárcel que le impuso la Audiencia Nacional ignorando su denuncia de torturas no ha sido admitido por el Tribunal Constitucional español.

El citado recurso se trató en la sesión del pasado martes e iba contra la sentencia del Tribunal Supremo español que confirmó la ya señalada de la Audiencia Nacional. En el mismo, Sorzabal alegaba que, tras ser detenida en régimen de incomunicación por parte de la Guardia Civil, fue obligada mediante torturas a declarar dos veces contra su voluntad en dependencias policiales.

Añadía que, ya en sede judicial, pero aún en periodo de incomunicación y sin poder disponer de un letrado defensor de su elección, negó las declaraciones policiales y denunció las torturas.

Los magistrados de la Audiencia Nacional impusieron a Sorzabal una pena de 17 años de cárcel por «un delito de estragos terroristas en grado de consumación» por el atentado contra un edificio perteneciente a Justicia, que aún no estaba en funcionamiento. Y por un ataque contra una farmacia propiedad del marido de una ex secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios en la ciudad de Gijón el 2 de noviembre de 1996, el tribunal le condenó a una pena de siete años y seis meses por el mismo delito en grado de tentativa, puesto que la explosión no causó daños.

APLICACIÓN DE ELECTRODOS

En su sentencia condenatoria de 2022, la Audiencia Nacional española señalaba en relación con la denuncia de torturas de Sorzabal que «no ha quedado plenamente acreditada» y despachaba así el asunto.

El caso se remonta a 2001, cuando Sorzabal fue detenida en Hernani por la Guardia Civil y refirió torturas, incluida la aplicación de electrodos, que dejó marcas muy claras en el cuerpo (tuvo que ser llevada al hospital), y también abusos sexuales. Explicó en la sala que tuvo que autoinculparse porque fue la única forma de «salir de aquel infierno».

En la preparación del documental “Bi arnas”, apareció una grabación en la que Sorzabal detallaba lo sufrido a manos de la Guardia Civil.

El tribunal reconocía la existencia de diez fotografías analizadas por la directora del Instituto Anatómico Forense de Madrid. Pero «las manchas» que tenía en el cuerpo se calificaron de «dermatitis».