Los servicios sociales de Donostia «están al límite», según denunciaron ayer las empleadas municipales, que se quejaron de «insuficientes» recursos para atender una demanda que «no deja de crecer».

Unas 40 empleadas, mayoritariamente mujeres, del Departamento municipal de Acción Social se concentraron junto al consistorio y ofrecieron una rueda de prensa para advertir de «la sobrecarga» que padecen y reclamar a los responsables políticos medidas para atajarla.

Dos operarias, Maialen San Sebastián y Josune Lezana, hicieron de portavoces en una comparecencia en la que aseguraron que la plantilla cuenta con el apoyo de la Junta de Personal del Ayuntamiento, integrada por ELA, LAB, CCOO, Erne y Esan.

Explicaron que «la sobrecarga no es nueva, pero se ha agravado hasta niveles insostenibles» en los últimos tiempos, lo que causa «un impacto directo y doloroso» entre las personas vulnerables que precisan ayuda, para cubrir necesidades básicas de alimentación o vivienda, atención a la dependencia o asistencia en los centros de barrio, oficinas o servicios del Ayuntamiento donostiarra. Todas son residentes de Donostia que se topan con «listas de espera interminables» y cuyos «derechos básicos no pueden ser garantizados», denunció Lezana.

MÁS RECURSOS

Según precisó, la plantilla municipal de acción social asciende a unos 125 empleados, que desempeñan sus tareas de forma «incansable» para atender diariamente a familias desahuciadas, personas sin techo, mayores dependientes o niños en riesgo de exclusión, además de a los demandantes de Ayudas de Emergencia Social (AES), entre otros colectivos. «Lo seguiremos haciendo, pero necesitamos más recursos, más personal y una gestión que priorice las necesidades de las personas», reclamó.

Entre sus demandas, destacaron la reducción del ratio de atención por profesional, de uno por cada 340 familias actualmente a uno por cada 315, lo que equivaldría a unas 10 plazas más, así como medidas para garantizar la estabilidad y continuidad en los puestos.