Imanol INTZIARTE
DONOSTIA

Costas desbloquea la compra del cuartel de Loiola al aceptar los 20 metros de deslinde

La operación de compraventa de los cuarteles de Loiola por 73 millones de euros se encontraba paralizada desde el pasado mes de junio, debido a que el anuncio de aplicar la Ley de Costas de 1988 reducía de manera relevante la superficie edificable, en la cual el Ayuntamiento de Donostia prevé levantar unas 1.500-1.700 viviendas.

Los cuarteles de Loiola se levantan en la margen derecha del río Urumea.
Los cuarteles de Loiola se levantan en la margen derecha del río Urumea. (Gorka RUBIO | FOKU)

La Dirección de Costas ha dado al Ayuntamiento de Donostia luz verde para mantener en 20 metros la zona de servidumbre desde la orilla del Urumea en la zona de los cuarteles de Loiola, sin incrementarla a los 100 metros que marca la normativa vigente. Se despeja el principal escollo que mantenía en stand-by la operación de compraventa de los terrenos al Ministerio de Defensa.

El alcalde Eneko Goia confirmó posteriormente que «se ha producido la firma de la resolución de Costas en el sentido que el Ayuntamiento alegaba, que era el de reconocer que la distancia de la línea de deslinde respecto al río era de veinte metros, como en el resto de la ciudad».

En diciembre de 2023, el Ayuntamiento y Defensa procedieron en Madrid a la firma del contrato para traspasar los terrenos, por un importe de 73 millones. En esta explanada de unos 175.000 metros cuadrados se contempla construir entre 1.500 y 1.700 pisos.

Seis meses después saltaba la sorpresa. La Dirección de Costas -dependiente del Ministerio español para la Transición Ecológica- entendía que el Ejército estaba bajo un régimen especial, pero una vez desaparecida esta excepcionalidad los terrenos protegidos se expandían hasta los 100 metros que contempla la Ley de Costas de 1988. Y eso reducía radicalmente el espacio para viviendas.

El Ayuntamiento, con el respaldo de URA y de Defensa, reaccionó anunciando un recurso, al entender que los cuarteles estaban considerados como suelo urbano mucho antes de 1988. El acuerdo contemplaba que Donostia pagara en esas mismas fechas casi 65 millones, pero se ejecutó una cláusula que permitía una prórroga de dos meses.

La situación de espera se ha prolongado mucho más de lo previsto en un principio. Todo el acuerdo quedó en el aire cuando en agosto de 2024 se anunció la suspensión temporal del contrato, pero ahora se despeja el panorama.