El Gobierno español dio ayer su visto bueno al nuevo proyecto de pasarela urbana de conexión con la estación de Irun, que respetará la nave de Pequeña Velocidad, tal y como venían demandando las asociaciones memorialistas al tratarse de uno de los cuatro campos de concentración franquistas de la localidad.

En concreto, el Consejo de Ministros aprobó la adenda del convenio que firmaron el Gobierno de Lakua y el Ayuntamiento de Irun para la construcción de la citada pasarela desde el entorno de Pío XII.

Contempla la integración del Topo en la traza de Adif y la conservación de Pequeña Velocidad, un cambio respecto a la versión inicial que ha generado un coste de 800.000 euros, hasta alcanzar los 7,7 millones.

El mantenimiento de esa nave supone un éxito de las asociaciones memorialistas Kepa Ordoki-Memoria Historikoa Bidasoan y la Asociación Republicana Nicolás Gerendiain, que habían solicitado su mantenimiento, ya que, en el proyecto original, se veía afectada por el trazado de la pasarela de acceso a la estación.

La cuestión terminó llegando al Pleno del Ayuntamiento, donde se aprobó una moción para «la recuperación de algún elemento representativo del edificio de Pequeña Velocidad y la creación de un espacio permanente de la memoria en el entorno de la Antigua Aduana».

Todo este proceso terminó derivando en una propuesta de protección del Departamento de Patrimonio Cultural del Gobierno de Lakua y en que, finalmente, el Gobierno español haya adaptado el proyecto de la pasarela para que se mantenga en pie Pequeña Velocidad.

«LA LUCHA MERECE LA PENA»

Tras conocerse la aprobación del proyecto, la Asociación Kepa Ordoki-Memoria Historikoa Bidasoan hizo público un comunicado en el que destacaba que «la lucha por la memoria merece la pena».

En el mismo, indicaba que han sido «necesarios siete años para confirmar lo que era razonable», ya que «la primera sesión de participación que mencionó el proyecto Vía Irun tuvo lugar en 2018, donde se denunció por primera vez el derribo del campo de concentración». Desde entonces, «a través de mociones, protestas y solicitudes de designación como Lugar de Memoria, han decidido mantener en pie Pequeña Velocidad».

Después de todo ese periplo, concluyó que «una asociación conmemorativa no tiene derecho a entablar debates en el ámbito urbanístico y si eso sucede, es resultado de la pérdida de toda la sociedad y de la negación de los elegidos».

También que «la lucha por la memoria histórica vale la pena. Hay que recordar las brutalidades que ha sufrido este país y mantener Pequeña Velocidad es tener presente la represión que allí hubo».

Y concluyó lanzando un par de propuestas. Una de ellas tiene que ver con trasladar a las distintas administraciones su empeño en convertir ese espacio en Lugar de la Memoria Democrática. Y la segunda consiste en emplazar al Instituto Gogora, la Diputación Foral de Gipuzkoa y al Ayuntamiento de Irun a trabajar con la asociación para convertir el Área de Concentración de Irun en un centro de interpretación de la memoria de la zona.