Más allá de los escenarios de negociación que puedan abrirse -habrá que ver con qué margen- entre la UE y EEUU, los movimientos tendentes a contrarrestar los aranceles aplicados por Donald Trump empiezan a ser tangibles. Lakua hará público hoy su primer paquete de medidas, mientras que el Gobierno español ya ha activado los primeros 7.720 millones de euros de su plan, dotado con 14.100 millones. Según explicó la ministra Portavoz, Pilar Alegría, el paquete se aprobó mediante un decreto-ley diseñado para mitigar el impacto de los gravámenes estadounidenses.

Alegría añadió que este plan es una «primera red de protección», «un escudo» y «un paso adelante para proteger a las empresas y a los trabajadores». En primer lugar, detalló, se activa una línea de avales ICO de 5.000 millones para atender las necesidades de liquidez y para apoyar posibles procesos de reconversión industrial a entidades que vayan a tener una exposición significativa, directa o indirecta, al mercado de EEUU.

También, se reforzará el Fondo para la Internacionalización de la Empresa, que contará con un margen adicional de 720 millones, en aras a conseguir que las empresas puedan diversificar o reforzar su presencia en Estados Unidos y diversificar sus exportaciones para disminuir el riesgo para ser más resilientes.

Por último se activan 2.000 millones también para el esfuerzo de internacionalización, a través del Cesce y su sistema CARI, que asemeja a un seguro de tipo de interés, para el apoyo a las exportaciones de bienes y servicios.

EL MAYOR SHOCK COMERCIAL DE LA HISTORIA

Estas medidas conforman lo que el Ejecutivo de Sánchez ha denominado “Plan de respuesta y para el relanzamiento comercial” y son adicionales a las adoptadas por el bloque comunitario para responder a la decisión de Trump de imponer aranceles del 20% a la UE y del 25% para todas las importaciones de vehículos fabricados en el extranjero.

«Estamos ante unos aranceles que se han impuesto por parte de la Administración americana que consideramos, a todas luces, medidas injustificadas y, además, arbitrarias», lamentó el ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, tras advertir que el mundo vive el mayor shock comercial de la historia, o por lo menos de los últimos cien años.

Esta situación, añadió, se ha trasladado rápidamente a la reacción de los mercados, que anticipa un efecto negativo. De hecho, en apenas un mes ha caído un 20% el principal índice de bolsa de Estados Unidos.

«Esto confirma, a nuestro juicio, lo errado del planteamiento de entrar en medidas de conflicto comercial, en medidas proteccionistas, e ir, por lo tanto, a un mundo más fragmentado, más empobrecido», señaló el ministro.

Por su parte, el lehendakari Imanol Pradales explicará hoy el primer paquete de medidas adoptado por su Ejecutivo en la reunión del Grupo para la Defensa Industrial y el lunes hará lo propio a través de una ronda con todos los partidos, salvo Vox.

Así lo indicó ayer la portavoz de Lakua, María Ubarretxena, quien adelantó que las medidas se decidieron tras un trabajo conjunto de cuatro departamentos: Hacienda, Industria, Empleo y Alimentación. Y que corresponden a cuatro líneas de actuación: defensa del empleo, nuevos métodos de financiación, exploración de nuevos mercados y actuaciones encaminadas a la innovación y a diferenciar los productos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

Son una serie de medidas con las que hacer frente a unos aranceles cuya repercusión en la economía de la CAV se calcula en unos 400 millones de impacto, pero que se elevan a 1.200 teniendo en cuenta el impacto indirecto, según datos de Ubarretxena.

Recordó que Lakua cuenta con la experiencia de otras «situaciones de impacto» vividas anteriormente, como la pandemia del covid-19 y la invasión rusa de Ucrania, lo que «nos ha permitido afinar en las herramientas a poner encima de la mesa».

Al mismo tiempo, señaló que el Ejecutivo de Pradales está en contacto con el Gobierno español con el objetivo de «hacer frente a esta situación como Europa y desde la unidad».

LAB PIDE CAMBIOS PROFUNDOS

LAB confirmó que acudirá a la reunión del Grupo para la Defensa Industrial, donde pedirá un «cambio profundo de la política industrial» y un plan estratégico acordada, entre otros agentes, con los sindicatos.

En rueda de prensa, Igor Arroyo, coordinador general, lamentó ayer que el anterior Ejecutivo «no tuvo política industrial y no mantuvo interlocución ni con sindicatos ni con otros muchos agentes», y señaló que el actual «es consciente de que no puede seguir igual». «Más allá de convocatorias para reuniones realizadas de una semana para otra, lo más necesario es acordar un plan estratégico industrial fundamentado en tres criterios: planificación, intervención pública y participación de los trabajadores», valoró.